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Destapan red de protección a constructoras operada por funcionarios de BJ

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Edificio con construccion irregular en José María Rico 308, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez. Foto Pablo Ramos / Archivo
16 de enero de 2024 18:31

La denuncia de un segundo empresario, a quien se le pidió 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación, destapó una “red de protección para empresas constructoras”, operada por funcionarios de Benito Juárez.

En un mensaje a medios, el Coordinador General de Investigación Territorial, en suplencia del titular de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, señaló que este modus operandi se identificó desde 2015.

Sin embargo, ha sido recurrente durante al menos tres administraciones para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas, señaló.

El empresario, explicó a través de un video, que de esa cantidad entregó 200 mil pesos al ex director de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno, para apoyar la candidatura de Christian von Roerich.

A inicios de 2017, recordó, recibió un contrato por parte de Vizcaíno, como constructor para desarrollar un edificio en la calle de Cordobanes, el cual, en su momento, le comentó que lo estaba haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales, quedándose la hermana de éste con uno de los departamentos.

Comentó que, previo a la constitución de una empresa constructora con Vizcaíno y otros amigos, se adquirió un predio en la calle de Holbein, directamente a su nombre, dando un anticipo de tres y medio millones de pesos, y pagando una “protección” de un millón 800 mil pesos.

Mientras, en otros de sus proyectos ubicados en la calle de José María Rico pagó 850 mil pesos; en el de Pitágoras fueron 150 mil y en el de Patricio Sáenz 250 mil pesos.

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La funcionaria insistió en que que ya se terminaron las obras de infraestructura física de las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, “pero no queremos que esta línea, que tanto tiempo ha costado a la población y ha sufrido, por apresurarnos dejemos algo inseguro".

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Los afectados rechazan ser invasores y aseguran que son propietarios ejidales.

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También mencionó que de la mano de la Fiscalia General  de Justicia se han asegurado predios en los que se almacenaban y vendían piezas de vehículos
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