La situación comenzó a cambiar con la reforma política de 1977, la cual representó un adelanto. Permitió al Estado asignar fondos para la impresión de propaganda y el uso de franquicias postales. Sin embargo, fue hasta la década de los 90 cuando la administración de estos recursos se integró a la Constitución mexicana como elemento a ser regulado por las leyes electorales. El cambio más importante en financiamiento público a los partidos fue en 1996, cuando sus reglas se elevaron a nivel constitucional, lo que dio paso a una regulación más detallada, que se ha ido perfeccionando con las reformas de 2007 y 2014. Para el ejercicio 2024, dispondrán de una bolsa de más de 10 mil millones de pesos, que podrán gastar en actividades ordinarias y gastos de campaña.
Según el INE, para las próximas campañas, Morena recibirá alrededor de mil millones de pesos; el PAN 613 millones; el PRI, 600 millones; Movimiento Ciudadano, alrededor de 300 millones y el PT, PVEM y el PRD más de 200 millones de pesos. Estos fondos están sujetos a una estricta fiscalización por parte del INE, y el uso inadecuado de los mismos puede resultar en multas significativas y sanciones penales para los responsables de su administración.
El exceso de recursos provoca indignación popular, ya que la ciudadanía no ve la utilidad social de los partidos. Éstos son instituciones muy desprestigiadas y muchos tienen dueños
–pequeños grupos que controlan los flujos de recursos para su propio beneficio. Las elecciones de este año serán oportunidad para que las dirigencias de los partidos hagan autocrítica y estudien la posibilidad de reducir sus presupuestos a la mitad, conforme a la reforma propuesta por el Presidente.
Colaboró: Mario A. Domínguez
