Ciudad de México. Organizaciones civiles de derechos humanos y familiares de Julio César Mondragón Fontes –estudiante de la Normal de Ayotzinapa víctima de ejecución extrajudicial y tortura en septiembre de 2014--, celebraron el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que este caso ya se encuentra en etapa de admisibilidad.

En ese marco, llamaron al Estado mexicano a no exceder el plazo máximo de cuatro meses que tiene para enviar sus observaciones al respecto, de tal forma que el expediente sobre el alumno asesinado pueda avanzar con rapidez en dicha instancia para alcanzar verdad y justicia en el caso.

En conferencia de prensa, integrantes de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC) señalaron que el pasado 27 de diciembre de 2023 la CIDH le notificó a la familia de Mondragón Fontes y a los colectivos acompañantes del tema que el caso “ya se encuentra en la etapa de admisibilidad”, luego de haber sido registrado ante dicha instancia el 16 de diciembre de 2022.

De igual forma, el organismo puntualizó que el Estado mexicano cuenta con un plazo de tres meses para manifestar sus observaciones, “mismo que podrá ser prorrogable hasta por 4 meses”, sin que dicho plazo pueda extenderse más.

Julian Cruzalta, integrante de RSDCIAC, saludó el anuncio de la CIDH y al mismo tiempo le exigió a las autoridades mexicanas que no excedan el tiempo fijado por el organismo interamericano para dar respuesta.

“Nos congratulamos con la admisibilidad del caso, pedimos justicia para la familia de Julio César y le exigimos al Estado que no haya más prórrogas, no más dilación de la justicia. Ya es tiempo de tener acceso a la verdad, la justicia y a una resolución satisfactoria”, enfatizó.

El activista recordó que no se han agotado las investigaciones sobre el caso dentro del sistema judicial mexicano, y puso de relieve que “al dar la admisibilidad (la CIDH), quiere decir que sí encuentra fondo” para que el expediente de Mondragón sea analizado en el sistema interamericano de justicia.

En el mismo sentido, Magdalena López Paulino, también de RSDCIAC, manifestó su agradecimiento por la notificación de la CIDH, al tiempo que subrayo que “vamos a ser exigentes” para que las autoridades del país no excedan el plazo máximo de 4 meses para enviar sus observaciones, y exigir que se emita ya el informe de admisibilidad del expediente.

Por su parte, Cuitláhuac Mondragón, tío del normalista asesinado, lamentó que en este gobierno “vamos en retroceso en términos de impartición de justicia”, pues “en el sexenio anterior por lo menos tuvimos reuniones con los más altos mandos del país, pero ahora ni siquiera nos toman en cuenta y, cuando tenemos alguna reunión, nos tratan peor”.

En ese tono, lamentó que los responsables de la investigación no les hayan permitido hasta la fecha tener una copia de la indagatoria y que no se hayan “retipificado” los abusos que padeció su sobrino.

El expediente, dijo, se abrió “por homicidio calificado, y ahora a regañadientes ya reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya reconoce en un dictamen oficial que Julio César fue torturado, pero en la retipificación del caso, el delito sigue igual”.

Para Mondragón, incluso el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que analizó el caso de su familiar y el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos ha tenido un papel cuestionable.

“En su último informe dicen que el cuerpo de Julio César estuvo tirado en Taxco, ¿de dónde sacan esas pruebas? Si hablo del GIEI, que de alguna manera ha contribuido al caso Ayotzinapa, ¿qué se puede esperar de la justicia de siempre?”, recalcó.

De igual forma, manifestó su extrañeza por el hecho de que los abogados representantes de los padres de los 43 nunca los invitaron a acudir ante la Organización de Naciones Unidas a exponer su caso, aunque sí eran convocados a marchas y otras actividades “en un principio”.

Cuauhtémoc Mondragón, también tío de Julio César, coincidió en señalar la falta de atención de las autoridades de México y que “el mismo GIEI, al dar su penúltimo informe, no mencionó nada del caso, porque era de pronóstico reservado y lo darían al final’, pero terminaron su estancia en México y no nos dieron nada del informe prometido, porque ‘era muy delicado’”.

En el acto estuvo presente también María Soledad Hernández Mena, hija del luchador social Arturo Hernández Cardona --víctima de ejecución extrajudicial en 2013--, quien manifestó su solidaridad con los familiares de Julio César Mondragón Fontes y se sumó a sus exigencias de justicia.