La República de Sudáfrica presentó evidencias contundentes de que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino y exigió un cese inmediato de la operación militar. En el juicio que tiene lugar en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, los abogados de Sudáfrica demostraron que Tel Aviv ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza en su respuesta al ataque del grupo armado Hamas, cometido el pasado 7 de octubre. En su deposición, mostraron documentos, declaraciones y material audiovisual que no dejan lugar a dudas sobre las violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en la cual se establece que ningún ataque armado en el territorio de un Estado, por muy grave que sea, justifica actos de exterminio contra una comunidad.

No es casualidad que Sudáfrica encabece el primer juicio por genocidio contra Tel Aviv, pues durante la segunda mitad del siglo XX, el oprobioso régimen sudafricano del apartheid recibió todo el apoyo de Israel. Sus respectivos gobiernos racistas compartieron inteligencia y consejos sobre cómo mantener oprimidos a los dueños de la tierra usurpada por los colonos y se mantuvieron unidos como socios estratégicos cuando la comunidad internacional ejerció presión sobre ellos para que frenaran la segregación racial y el robo de territorios. El pueblo sudafricano se liberó del apartheid en 1991, pero no ha olvidado la complicidad israelí con sus antiguos opresores. Por ello, es natural que se sienta hermanado con los palestinos, quienes continúan bajo el yugo de un sistema tan inicuo como el que instalaron los descendientes de neerlandeses y británicos en el extremo meridional del continente africano en 1902.

Las pruebas de que las operaciones israelíes no forman parte de una guerra, sino de un genocidio, son omnipresentes e incontestables: cinco de cada 100 habitantes de Gaza han sido heridos y más de uno de cada 100 asesinado en sólo tres meses. De los más de 23 mil muertos (sin contar el indeterminado número de cuerpos sepultados bajo montañas de escombros), alrededor de 70 por ciento son mujeres y niños. Casi 90 por ciento de todos los edificios han sido destruidos y dañados. Los bombardeos incesantes se han dirigido contra escuelas, hospitales, campos de refugiados, instalaciones de Naciones Unidas y de la Media Luna Roja. Las casas son arrasadas por buldócer para que nadie pueda volver a habitarlas y los cementerios son profanados con esos mismos vehículos. El sadismo que acompaña a estos actos ha sido explícito: las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) obligaron a un millón de personas a dejar sus hogares (hoy reducidos a polvo) y hacinarse en el sur de la franja, sólo para después bombardear los mismos puntos a donde forzaron a los civiles a desplazarse. En todo este tiempo han bloqueado la entrada de alimentos y medicinas, pese a que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha alertado que medio millón de personas están al borde de la inanición. En estos 90 días, Israel ya asesinó más periodistas y trabajadores de la ONU de los que han muerto en cualquier otro conflicto armado, incluidos los que duraron más de una década.

Los hechos hablan por sí mismos, pero las palabras han sido elocuentes. El 28 de octubre y el 3 de noviembre pasados, el primer ministro Benjamin Netanyahu invocó un pasaje de la Biblia que llama a los israelitas a emprender el exterminio de sus ­oponentes: ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, sino mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Varios miembros de su gabinete han tenido expresiones semejantes en las que deshumanizan por completo a los palestinos y plantean como el desenlace idóneo de la ofensiva en curso una limpieza étnica en la que todo ese pueblo sea orillado al éxodo. El odio de los ­mandamases consume también a los soldados, quienes cada día publican en redes sociales videos donde dinamitan barrios enteros, vejan a los prisioneros, torturan a sus víctimas y se divierten. Lo más estremecedor de este genocidio transmitido en tiempo real es que en muchas de sus grabaciones los integrantes de las FDI perpetran crímenes de guerra entre burlas y risotadas, ­dejando ver que, para ellos y el régimen que los ­formó, los palestinos no son seres humanos.

Aunque los veredictos de la CIJ no son vinculantes, sí establecen un precedente imposible de ignorar en la valoración que la comunidad internacional hace de un Estado, y marcan una sanción moral que puede contribuir a que se detengan las hostilidades. Por eso, la gestión de Sudáfrica es un gran ejemplo de lucha por la vida y los derechos humanos, y cabe saludar tanto a su gobierno como a los que se le han unido en esta batalla jurídica, como los de Lula, en Brasil, y Gustavo Petro, en Colombia.