La administración presidida por Andrés Manuel López Obrador avanzó ayer en la estrategia de descalificar y dividir la lucha genuina por el esclarecimiento real de lo sucedido con 43 normalistas rurales y de proteger de forma imbatible a los mandos y estructuras militares involucradas, por acción y omisión, en la noche de Iguala y en lo sucedido antes y después de esa tragedia que sigue en la impunidad (así haya miembros expiatorios de las fuerzas armadas en proceso penal, también susceptibles de ser declarados culpables, sí, pero no los principales ni los más poderosos).

En una maniobra vergonzosa, el subsecretario de Gobernación que sustituyó a Alejandro Encinas introdujo ayer en una sesión de la comisión oficial sobre el tema de Ayotzinapa-Iguala (la primera bajo la responsabilidad de ese sustituto, Arturo Medina) a un puñado de los padres de desaparecidos, que han sido apartados de las reuniones con autoridades por considerar la gran mayoría de esos familiares que esa minoría, en su vulnerabilidad, ha sucumbido a ofrecimientos y negociaciones de otra índole, según señalaron ayer mismo los integrantes de la mayoría durante una rueda de prensa altamente crítica del presidente López Obrador, por considerar que ha ido faltando a sus compromisos originales y se va decantando por prácticas parecidas a las realizadas durante el peñismo.

Aparte de esa artimaña deshonrosa realizada por el subsecretario Medina, el propio Presidente de la República fijó postura durante su conferencia mañanera de prensa, acusando a los padres y madres de los 43 de no querer llegar a la verdad del caso: ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se detenga a nadie? ¿Que me tengan a mí como rehén? ¡No!, dijo el tabasqueño, en una extraña victimización del máximo poder público ante la exigencia largamente insatisfecha de quienes aún no saben qué pasó con sus hijos y han sobrellevado promesas, comisiones, declaraciones e investigaciones que finalmente han topado con el verdadero poder obstructor, el militar.

La treta con la que se pretende revertir hacia los padres de los 43 la responsabilidad de que no se haya avanzado hacia la solución real del caso consiste en culparlos de no ir a instalaciones militares a buscar los 800 folios de información crítica que se ha demostrado existen y no han sido presentados por los mandos militares.

Mandar a los padres y madres a buscar durante dos meses (bueno, no, que sean tres, se les concedió) lo que los militares han escondido y por sí mismos deberían entregar significa pretender inculparlos más adelante de la previsible pesquisa fallida. Sería como imponer a los ciudadanos que investiguen crímenes, encuentren documentos y pruebas y, si no lo hacen, sean declarados causantes de que no haya castigo a los culpables. El Estado, como Poncio Pilatos.

La postura presidencial de ayer, el amaño del subsecretario Medina y el comunicado oficial sobre los hechos forman parte de una clara estrategia gubernamental que desde meses atrás busca desarmar, descalificar e incluso perseguir a ex funcionarios (el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo, por ejemplo), organizaciones solidarias (el Centro Pro, entre otras; defensores como Vidulfo Rosales), instancias de expertos internacionales soberanamente autorizadas en su momento por los gobiernos peñista y obradorista (el GIEI, en el que dice el Presidente ya no confiar) y, ahora, hasta los mismos padres y madres de los desaparecidos, contra los que se enfilan dardos declarativos oficiales.

El fondo del asunto es claro: el gobierno obradorista no ha podido ir más allá de lo que han permitido los mandos militares y el fin de sexenio se acerca sin resultados aceptables, por lo cual se busca forzar apariencias justicieras, habilitar una representación alterna de los padres y madres, conseguir de esa minoría a modo un aval a la resolución deseada (y aceptada por el verde olivo) y dar por cerrado artificialmente el caso. ¡Hasta el próximo lunes!

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