Buenos Aires. A un mes de asumir la presidencia el ultraderechista presidente, Javier Milei, enfrenta el rechazo generalizado a sus políticas, que han profundizado la grave situación social y al unirse con Juntos por el Cambio (JpC), la coalición de derecha que encabeza el ex presidente Mauricio Macri, rompió con la promesa de acabar con “las castas” políticas, además de otras promesas que evidentemente nunca va a cumplir.

Juntos por el Cambio está dividido en estos momentos. Fue Macri (2015-2019), quien influyó en Milei para que “aprovechara” los primeros días de su gobierno y aplicara su plan, que lo llevó a presentar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el que busca derogar o modificar más de 300 leyes constitucionales, y que originó, el pasado 20 de diciembre, un cacerolazo barrial multitudinario, práctica que que por estas horas sigue siendo una forma de protesta y resistencia.

Ayer en la tarde comenzó el gran cacerolazo cultural que protagonizan las asambleas de artistas, estudiantes y trabajadores de la cultura que se extienden a todas las provincias y ratifican el plan de lucha nacional votado en Unidos por la Cultura, rechazando el DNU, la llamada Ley Ómnibus y el protocolo represivo.

Miles de manifestantes protagonizaron el cacerolazo cultural en el Congreso “como preparación para el paro nacional del 24 y resulta ser la primera protesta simultánea a escala nacional contra el gobierno de Milei y su plan hambreador para el país”, sostienen los creadores de Unión por la Cultura,

“Si se aprueba esta ley sería la muerte del cine y del teatro independiente, sólo podrán realizar obras las grandes productoras (…) otorga beneficios a las grandes librerías y oligopolios editoriales para que puedan elevar los precios de los libros, convirtiéndolos en un bien inaccesible a las mayorías, provocando el cierre de editoriales y librerías pequeñas o autogestivas y la ruina de escritores y traductores” entre otros graves problemas

Mientras se producían los cacerolazos en municipios de todo el país el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda del crédito de 45 mil millones de dólares, que él mismo contrajo en 2018 cuando tenía similar cargo durante el gobierno de Macri violando la Constitución argentina y las propias normas del organismo internacional. Caputo sostuvo que el acuerdo le permitirá acceder al desembolso de 4 mil 650 millones de dólares en el marco de la renegociación de la deuda que contrajo Macri, dinero que se fugó del país, dejando a Argentina al borde de la cesación de pagos.

"Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar la pérdida de credibilidad ocurrida durante los dos últimos trimestres", dijo el ministro.

De acuerdo con esto "el staff del Fondo va a mandar, a fines de enero, la recomendación de acuerdo proponiendo las nuevas metas y, sujeto a la aprobación del organismo” dijo Caputo, y advirtió que este desembolso no es “plata nueva”, sino “que es para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, el que viene en enero y el de abril. Esos tres suman aproximadamente ese monto".

Esto significará más ajustes e incluso se reconoció que afectará a los jubilados y el insostenible ajuste que además de los trabajadores, afecta a la clase media y media baja, que protagonizan también la resistencia. El gobierno se apropió del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de la caja de la seguridad pública dedicada a garantizar lo destinado a jubilados y pensionados,

En tanto, desde el 10 de diciembre, cuando asumió Milei, su gobierno implementó recortes en la ayuda social, derogó la ley de alquileres, liberó los aumentos de alimentos, gasolina, prepagas y servicios y avanzó sobre los derechos laborales y criminalización de la protesta.

Si algo faltaba Milei decidió mandar al Congreso, la llamada ley ómnibus el 2 de enero, que intenta cambiar rápidamente artículos de 600 leyes de la Constitución. La respuesta se reflejó en más de medio centenar de denuncias ante la justicia contra el intento de la desregulación mediante una reforma laboral, rechazado por todas las centrales sindicales del país.

Entre los proyectos de la oficialista La Libertad Avanza propone que se vote la suspensión del Congreso por dos años, con posibilidad de renovarlos por otros dos años más, lo que significaría gobernar asumiendo el Ejecutivo la suma del poder y entre otros gravísimos puntos la venta de las 41 empresas estatales, que en ningún caso dan pérdidas al Estado.