Madrid. El Tribunal Constitucional de Bolivia ratificó este miércoles la sentencia que ordena el reemplazo temporal del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el vicegobernador Mario Aguilera, ya que el primero de ellos se encuentra en prisión preventiva por el caso conocido como 'golpe de Estado I' por la crisis de 2019.
Los jueces rechazaron los recursos de enmienda presentados por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, y la Gobernación de Santa Cruz, según un fallo emitido por la Sala Cuarta Especializada, dirigida por el magistrado relator Gonzalo Hurtado, informa la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Tras la resolución, el líder de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Dilfe Rentería, instó a convocar una sesión extraordinaria para proceder a la posesión de Aguilera como gobernador y ha recordado que las sentencias son de estricto cumplimiento e inapelable.
En este sentido, Rentería aseveró que si el presidente del legislativo cruceño no acata "tendrá que someterse a una investigación por incumplimiento de deberes", ya que el Estatuto Autonómico del Departamento establece que ante "la ausencia temporal" del gobernador se produce la suplencia gubernamental a través del vicegobernador.
No obstante, representantes de la gobernación aseguran que el hecho de que Camacho se encuentre privado de libertad no le impide ejercer sus funciones. Matkovic aseguró que solamente los asambleístas pueden ejercer la suplencia temporal y no así el vicegobernador, por lo que ha advertido de que quien dé cumplimiento al fallo "está cometiendo un delito".
A finales de diciembre, la Fiscalía boliviana presentó la acusación formal contra ocho investigados en el caso conocido como 'golpe de Estado I' por la crisis de 2019, incluido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para el que han pedido 20 años de prisión, y la expresidenta Jeanine Áñez.
Camacho está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de deberes y servicios públicos. Por su parte, Áñez está acusada de terrorismo en grado de complicidad.
Jeanine Áñez, por aquel entonces senadora, se proclamó presidenta de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores, poco después de la renuncia de Evo Morales, que abandonó el cargo en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.
