Zacatecas, Zac. Al cumplir 55 días recluido en el penal número 3 de Tapachula, el ingeniero agrónomo Pablo Martell Santos, de 77 años de edad, se asumió como “preso político”, y solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para ser excarcelado y enfrentar en libertad la acusación penal que existe en su contra, por parte de una empresa privada que lo acusa, de asesorar a miles de campesinos de San Luis Potosí, Chiapas y Tabasco, que han protestado y ocupado tierras que se disputan.
A través de una nueva carta dictada desde prisión a su hijo Pablo Martell Robles, y que éste hizo llegar a varios medios, el anciano agrónomo planteó que, “soy un prisionero político, por favor alguien debe asesorar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y explicarle que es una grave injusticia que yo esté encarcelado”.
En su carta, desde Tapachula, el hombre además, recordó que, “desde el año 2018 para acá, que comenzó el gobierno del Presidente López Obrador, trabajé como asesor agrícola o sea ejerciendo mi profesión de ingeniero agrónomo con campesinos indígenas de origen huasteco, náhuatl, chontales, telpales y xoles, en San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas, ejerciendo mi profesión de ingeniero agrónomo como asesor… no soy líder campesino, ni siquiera soy campesino por mi avanzada edad, tampoco soy candidato a nada”.
Originario de Tampamolón, en la Huasteca de San Luis Potosí, donde es militante de Morena, Martell Santos lamentó además que, a pesar de ser ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pidió ser liberado a la brevedad, entre otras cosas, por su situación precaria: “tengo 52 años de edad de servicio profesional fundamentalmente en el sector público agropecuario, a pesar de que no estoy pensionado, porque el IMSS y ISSSTE me desaparecieron la mayor parte de mi antigüedad”.
Muchos ingenieros agrónomos del país, como él, relató, vieron precarizadas sus condiciones laborales, y enfrentaron además el desempleo, a partir de la crisis del campo que se agravó, “con el sistema neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, que arrastró a millones de campesinos y al gremio de agrónomos a trabajar como taqueros, herreros empleados de farmacia o de supermercados, peluqueros, comerciantes ambulantes, mecánicos, etcétera”.
Sobre el antecedente previo de cómo llegó a Chiapas y Tabasco a asesorar a indígenas campesinos –como ya lo venía haciendo previamente en su natal Huasteca potosina-, Martell Santos recuerda en su misiva que, esa actividad la realizó como asesor agrícola promotor, desde el 2014, junto con el científico Juan José Valdespino Andrade y también el ingeniero agrónomo, Carlos Martínez Anguiano “y otros agrónomos viejos”.
Promovieron entonces un programa sobre la nueva tecnología agrícola conocida como Manejo Integral de Cultivos Inducidos, y promovieron el concepto de Reforma Agraria Integral, “y por eso, por asesorar a campesinos indígenas pobres es que estoy prisionero aquí, en el Cereso número 3 de Tapachula Chiapas, acusado de despojo agravado y de asociación delictuosa”.
Esa acusación penal –que derivó en una orden de aprehensión ejecutada por policías ministeriales en la ciudad de Palenque, el jueves 16 de noviembre del 2023-, la interpusieron los representantes de la empresa privada Santa Genoveva, que asegura Martell Santos, “es una compañía fachada de Vicente Fox Quesada, que posee ilegalmente un latifundio de aproximadamente 30 mil hectáreas entre Chiapas y Tabasco. Esas tierras fueron solicitadas (previamente), por los campesinos indígenas sin tierra pobres, que yo asesoro, como ingeniero agrónomo, por eso es que estoy prisionero”.
La compañía Santa Genoveva, ha asegurado Martell Santos, es propiedad de los hermanos Bribiesca, hijastros del expresidente panista Vicente Fox Quesada.
