Ecuador entró desde el domingo en una vorágine de violencia y descomposición del estado de derecho. Ese día, Adolfo Macías, alias Fito, capo del grupo más grande del crimen organizado en el país, se fugó de la cárcel regional de Guayaquil, capital económica y ciudad más poblada del país. La fuga fue particularmente escandalosa porque se produjo horas antes de su traslado a una penitenciaría de máxima seguridad, lo cual exhibió por enésima ocasión el control delictivo sobre el sistema carcelario y de procuración de justicia. De hecho, Fito ya se encontraba en la prisión de La Roca, adonde lo llevarían de vuelta el fin desemana, pero un juez ordenó regresarlo a la regional pese a que era de conocimiento público que dicho centro era su feudo y desde ahí dirigía todas las operaciones de su banda.

El presidente Daniel Noboa reaccionó a la evasión del capo decretando un estado de excepción durante 60 días a fin de que las fuerzas armadas pudieran ingresar a las prisiones y acabar con el autogobierno generalizado que prima en ellas. Sin embargo, esta medida, que incluye un toque de queda de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, no impidió la fuga de otro cabecilla criminal, Fabricio Colón Pico, detenido apenas el viernes pasado.

Tampoco pudo evitar una oleada de violencia que incluyó el secuestro de al menos siete policías, explosiones contra una estación policial, la vivienda del presidente de la Corte Nacional, así como vehículos incendiados. Ayer, la situación se salió por completo de cauce con una serie de actos que desafiaron abiertamente a las autoridades: la Universidad de Guayaquil y el hospital Teodoro Maldonado de la misma urbe fueron invadidos por delincuentes en busca de tomar rehenes, hubo saqueos en el centro histórico de la capital, un tiroteo cerca del palacio de gobierno, y el estudio de una televisora fue asaltado por un grupo de encapuchados armados durante una transmisión en directo.

Noboa redobló la apuesta por una escalada armada al clasificar a 22 grupos del crimen organizado trasnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, ordenar a las fuerzas militares neutralizarlos y declarar la existencia de un conflicto armado interno. El desarrollo de los acontecimientos resulta inquietante al confirmar la tendencia de Noboa a la concentración del poder, el autoritarismo y la suspensión de los derechos humanos como ejes centrales de su estrategia, elementos que el propio mandatario había adelantado al revelar que seguiría el modelo de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

Además de ser una noticia terrible en términos de garantías constitucionales, la militarización del gobierno resulta cuestionable en el contexto ecuatoriano: el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, usó y abusó del estado de excepción sin que ello redundara en una mejoría de la seguridad pública; al contrario, entre 2018 y 2023 la tasa de homicidios pasó de 6 a 46 por cada 100 mil habitantes, un incremen-to de 700 por ciento. Asimismo, puede augurarse la futilidad las dos penitenciarías de supermáxima y supermega seguridad, encargadas a la misma empresa israelí que diseñó la infame megacárcel de Bukele. No se trata sólo de que sea éticamente inaceptable recluir a seres humanos en jaulas creadas para humillarlos y envilecerlos, sino que serán un desperdicio de recursos en un país donde los jueces liberan a los criminales capturados y cuando los mantienen en prisión les otorgan todo tipo de privilegios, desde elegir el centro donde serán recluidos hasta ingresar equipos de comunicación y gallos de pelea.

No es casual que el deterioro de las condiciones de seguridad en Ecuador coincida con el desmantelamiento del Estado iniciado por el ex presidente Lenín Moreno, proseguido por Lasso y que está en el corazón del proyecto neoliberal de Noboa (hijo del hombre más rico del país y cinco veces candidato presidencial, Álvaro): el aumento exponencial de la criminalidad es un saldo directo del abandono de las mayorías sociales y la imposición de un modelo económico depredador que concentra la riqueza expoliando a las clases trabajadoras.

Por otro lado, resulta sospechoso el nivel decoordinación de los episodios de violencia gra-tuita de los días recientes, ya que éstos pare-cen planeados con el propósito de instalar en-tre la ciudadanía la idea de la inevitabilidad del estado de excepción y de conferir a la oli-garquía gobernante poderes supralegales para reconfigurar las instituciones. Por último, es deplorable que individuos y medios de comunicación aprovechen la difícil coyuntura ecuatoriana para propagar desinformación y noticias falsas que en nada abonan a la comprensión de los hechos y pueden inducir un pánico mayor al que ameritan las circunstancias.