El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó las conmemoraciones del intento de golpe de Estado perpetrado por los simpatizantes de su antecesor, el neofascista Jair Bolsonaro. En ese acto, el líder histórico de la izquierda partidista brasileña afirmó: quienes financiaron, planificaron y ejecutaron la tentativa de golpe deben ser ejemplarmente castigados. Aseguró que no hay perdón para quien atenta contra la democracia, pues el perdón sonaría como impunidad, y la impunidad, a salvoconducto para nuevos actos terroristas en el país.

Hasta ahora, 2 mil 170 personas han sido detenidas por la asonada en que fueron invadidos y vandalizados el Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial. Sin embargo, apenas una treintena han sido condenadas con penas de hasta 17 años de cárcel por cargos que incluyen abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. La fiscalía ha presentado 232 denuncias contra los presuntos responsables, y continúan las pesquisas para dar con quienes financiaron y promovieron el asalto a las sedes del poder público.

Tras el fracaso de la asonada y ante el rechazo casi unánime que recibe en la sociedad brasileña, la ultraderecha intenta colar la narrativa de que se trató de una acción espontánea de unos cuantos radicales, ajenos a la cúpula bolsonarista y a la manera en que se conduce la mayoría de los simpatizantes del ex mandatario. La falsedad de esta versión queda evidenciada por la miríada de actos violentos, llamados al golpismo y abiertas manifestaciones sediciosas que le antecedieron, así como por la deplorable cobertura del asalto en todos los medios de comunicación públicos del país, entonces todavía dirigidos por funcionarios nombrados por Bolsonaro. En dichos espacios se validó el uso de la violencia y se dio voz a personajes como el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex gobernante. La negativa de Tarcisio Freitas (ex ministro de Bolsonaro y actual gobernador de Sao Paulo) y Arthur Lira (ex aliado de Bolsonaro, hoy presidente de la Cámara de Diputados) a acudir al acto conmemorativo por un año del fracasado golpe muestra que entre las élites ultraderechistas sigue vivo el apoyo a la cancelación de la democracia.

No puede olvidarse que la intentona del 8 de enero de 2022 en Brasil fue una repetición casi calcada de la que llevaron a cabo el 6 de enero de 2021 los simpatizantes de Donald Trump, hacia quien Bolsonaro profesa una explícita admiración y con el que tiene una inequívoca concordancia ideológica. El que estos eventos se hayan presentado con sólo un año de diferencia indica el surgimiento de una nueva herramienta en el repertorio de las derechas para subvertir la democracia cuando la voluntad popular les es adversa. Asimismo, debe tenerse presente que Bolsonaro llegó a la presidencia únicamente gracias a la artimaña más usual de las oligarquías en los tiempos recientes, el lawfare: si ese personaje se aupó hasta el Palacio de Planalto fue porque jueces y fiscales corruptos conspiraron para encarcelar a Lula sin pruebas a fin de impedirle presentarse a los comicios de 2018, en los que era amplio favorito. Pero el poderío político de esos fiscales y jueces venía de antes y fue uno de los factores que hicieron posible el golpe de Estado legislativo que se perpetró en 2016 para deponer a la presidenta Dilma Rousseff con base en un juicio carente de toda legitimidad y razón.

Está claro que la única vía para conjurar la normalización de estos métodos protofascistas pasa por identificar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales de los golpes de Estado, sean tradicionales o efectuados mediante nuevas técnicas de manipulación. Como bien señaló el presidente brasileño, la impunidad sería un salvoconducto para nuevos actos terroristas.