Ciudad de México. La tala clandestina está asociada con grupos de la delincuencia organizada y aunque se desconoce la dimensión de la práctica ilegal, en la administración pasada, entre 2013-2018, se estimó que 70 por ciento del volumen de madera comercializada en el país fue producto de esta actividad, indica un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Al mismo tiempo, hay dependencia del país por las importaciones de productos forestales, lo que se refleja en que el déficit de la balanza comercial en este rubro va en ascenso, pues llegó a 8 mil 875 millones de dólares en 2022, casi 2 mil millones más que el año anterior.

Esto indica el estado que guarda el sector forestal durante 2022, divulgado hace unos días, sin presentar datos más actualizados, y refiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene identificadas 122 áreas críticas en ilícitos forestales.

La dependencia considera que la tala clandestina y el comercio ilegal se relacionan con las restricciones que enfrentan los productores forestales para incorporarse al aprovechamiento de pequeños predios, donde la producción es poco rentable, hay litigios y conflictos agrarios así como con la presencia del crimen organizado en territorio rural.

La extracción ilegal de madera impacta de manera directa a la producción legal al ocupar su mercado, y también genera impactos directos sobre la degradación del recurso forestal y la pérdida de especies vegetales y animales que dependen de los bosques y las selvas.

Agrega que la caída del volumen de producción maderable del país tiene diversas causas, pero una de ellas es la competencia que enfrenta la madera legal en términos de precio, ya que la madera clandestina resulta más barata al no pagar impuestos ni incluir costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios bajos a los productores legales.

A eso se suman la corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, la presencia del crimen organizado y la impunidad, lo que facilita la extracción clandestina y el lavado de materias primas forestales, principalmente madera para uso comercial.

Destaca que entre las acciones para atender este problema se consideran el trabajo de inteligencia en materia de fiscalización, incrementar la producción de los terrenos forestales, fomentar el consumo responsable de los productos entre los consumidores, promover la certificación del buen manejo forestal y la cadena de custodia, así como el combate a la corrupción, a la impunidad, así como la aplicación de sanciones ejemplares.