Lula empezó este 2024 con un ojo puesto en el pasado lunes, primer día del segundo año de su tercer mandato presidencial, y el otro en mañana, cuando se cumple también un año del intento de golpe de Estado articulado por el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro y su pandilla, con el claro objetivo de reinstalarse en el poder luego de haber sido derrotado en las elecciones realizadas en octubre de 2022. Ha sido, a propósito, el primer mandatario que no logró relegirse.

Hay al menos una buena noticia para la alegría de Lula: el año pasado Brasil alcanzó un superávit fiscal sin precedentes. Entre lo que el país exportó e importó quedó un saldo positivo de casi 100 mil millones de dólares. El número oficial divulgado el pasado viernes fue de 98 mil 800 millones, el mayor en los últimos 34 años, cuando el balance empezó a ser medido.

Pero como todo en la vida –o casi todo–, existe también la otra cara de la moneda. Y Lula tiene bien claro que este será un año difícil y de tormentas ya anunciadas.

El Congreso, especialmente la Cámara de Diputados, mantendrá su ostensible imposición de obstáculos para los proyectos del Poder Ejecutivo.

Integrada en su inmensa mayoría por políticos que oscilan entre la derecha y la extrema derecha, incluso seguidores de absoluta fidelidad a Bolsonaro, la Cámara sabe poner precio a cada votación. Y tal precio, que se traduce en “enmiendas” de presupuesto, no hace más que subir.

Otro punto de preocupación, y en algunos casos de pura tensión, está en las elecciones municipales que se realizarán en octubre.

Por más que Bolsonaro esté fuera de juego –vale reiterar que fue declarado “inelegible” hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral– su peso como captador de votos para seguidores sigue fuerte. Y es palpable la sensación de que parte sustancial de los más de 5 mil municipios brasileños opte por elegir seguidores del desequilibrado ultraderechista, creando un escenario difícil para Lula y su gobierno.

Otro foco de preocupación se refiere precisamente al intento golpista del 8 de enero del año pasado. De las más de 2 mil personas detenidas en aquella ocasión, 66 siguen presas y una de ellas fue condenada a 17 años de cárcel. Las investigaciones siguen, y cada vez surgen más y más indicios bastante palpables de la participación directa tanto de policías como de las Fuerzas Armadas.

Ya hay consenso el cual indica que el golpe no fue llevado a cabo por una única razón: ningún comandante militar aceptó encabezar el movimiento. La mutua desconfianza entre los uniformados y Lula es tema de negociaciones cada vez más intensas, pero hasta ahora insuficientes para eliminar en definitiva los nubarrones que hacen sombra sobre el escenario.

Si hay motivos para la alegría de Lula en este inicio de año, sobran otros tantos para su visible preocupación.