Ciudad de México. La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de consultar a la Suprema Corte de Justicia a quien toca analizar posibles infracciones electorales del ministro Arturo Zaldívar fue rechazada.
Por mayoría de tres votos contra dos, el asunto, derivado de una queja de Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la oposición, “se returnó” a la magistrada presidenta Mónica Soto, quien elaborará un nuevo proyecto de sentencia.
En contra de la propuesta de Rodríguez votaron Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata; a favor, el ponente y Janine Otalora.
El 7 de noviembre de 2023, Zaldívar publicó un mensaje en su cuenta de “X” informando sobre su renuncia a la Suprema Corte.
Ese mismo día, Claudia Sheinbaum, entonces aspirante presidencial de Morena, informó también en redes sociales sobre una reunión que sostuvo con Zaldivar en la cual acordaron trabajar juntos para la transformación del país. Un día después el ministro confirmó sus intenciones en una entrevista, pero fue hasta el 15 de noviembre cuando el Senado aceptó la renuncia de Zaldívar.
En ese contexto, Gálvez y la asociación Movimiento Político Restaurador de México A.C., presentaron denuncia ante el INE.
Aseguraron que el ministro incurrió en actos anticipados de campaña,uso indebido de recursos públicos,indebido ejercicio del cargo, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad, y equidad en la contienda en el marco del proceso electoral federal 2023-2024.
Además, por violencia política de género en contra de Gálvez.
El 21 de noviembre, la Unidad Tecnica de lo Contencioso Electoral del INE admitió las denuncias e inició la investigación, lo cual impugnó Zaldívar y el caso llegó al TEPJF.
Reyes propuso consultar a la SCJN sobre la autoridad competente para conocer del caso, debido a que los hechos denunciados sucedieron cuando el Senado aún no aceptaba la renuncia de Arturo Zaldívar.
La renuncia se aceptó el 15 de noviembre, mientras que las publicaciones y la entrevista sucedieron el 7 y 8 de noviembre, respectivamente.
Las infracciones denunciadas se relacionaban con los deberes del ministro.
Reyes adujo que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación las responsabilidades administrativas de las y los ministros son de conocimiento exclusivo del Pleno de la SCJN “lo cual puede interpretarse como que ninguna otra autoridad puede someterlos a procedimientos por ese tipo de responsabilidades, salvo en los casos expresamente previstos”.
Señaló entonces que no existe una norma clara que defina si el Tribunal Electoral puede someter a su jurisdicción a un ministro por la supuesta responsabilidad administrativa en materia electoral.