La violencia contra las mujeres en México no se ha reducido y, en cambio, 66 de cada 100 han sufrido a lo largo de su vida al menos un tipo de agresión, alertó la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Los principales delitos cometidos contra las mujeres son los relacionados con el abuso sexual y la violación, pero solo 12 por ciento de las que experimentan alguna agresión por su pareja presentaron denuncia, abundó.
También, la oposición en la cámara ha señalado que en México se asesinan 11 mujeres al día y más de 70 por ciento han sido víctimas de algún tipo de violencia, sin que la justicia les brinde, de manera pronta y expedita el acceso a la verdad, la garantía de la no repetición, la reparación del daño y puedan salir a las calles de manera libre y segura.
Resaltan datos de ONU Mujeres, que revelan cómo la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida en todo el mundo, y se estima que una de cada tres han sufrido violencias físicas o sexuales.
La oposición también señala que solo 53 de cada 100 mujeres son económicamente activas y la mayoría de las mujeres ganan 19 por ciento menos que los hombres, a pesar de ocupar el mismo puesto. Además de que su actividad económica se concentra principalmente en el sector informal, donde carecen de todo tipo de seguridad social.
Además, la Unidad para la Igualdad de Género de la cámara resalta la alta cifra de los distintos tipos de violencia que continúan cometiéndose contra las mujeres -sicológica, patrimonial, sexual, de género, económica, física, familiar o verbal-, pero que más de 80 por ciento de los casos está relacionada en la de carácter sexual.
“Los principales delitos cometidos en contras de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual, en 42.6 por cientos, y la violación, con 37.8 por ciento”, indicó.
También persiste un alto índice de casos de acoso y hostigamiento laboral, que se expresa a partir de abuso de poder en el ámbito laboral por parte del superior jerárquico de la víctima, pero también por las diferencias salariales injustificadas por el mismo trabajo, más carga de trabajo e incluso excluir a las mujeres de labores específicas o dejarles asignaciones sin valor.