La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, impulsa una reforma al Código Penal Federal para endurecer las sanciones para los delitos de odio, que se dan sobre todo por preferencia sexual y género, pero también por motivos de edad, religión, raza y etnia en el país.

La iniciativa, que espera se discuta y apruebe en el período ordinario de sesiones que inicia el próximo primero de febrero, es parte de la agenda para erradicar todo tipo de violencia, dentro de la obligación del Estado de actuar con respeto a la diversidad y en contra de todo tipo de discriminación, resaltó la ministra en retiro.

En el caso de los delitos de odio se propone, detalló, que la pena se incremente en un tercio más de la establecida para el ilícito de que se trate y en 50 por ciento más si el agresor es un servidor público en activo.

Además, establece que se considerará una violación de los deberes de humanidad, cuando se cometa un delito con el propósito de destruir, total o parcialmente, a uno o más grupos por su carácter racial, religioso o de la diversidad sexual.

La senadora de Morena dijo que es preocupante que pese a que es muy visible la violencia y comportamientos antisociales hacia las distintas expresiones de la sexualidad humana, los conocidos como “crímenes de odio” aún se aprecia una alta tolerancia que permite poner en riesgo la integridad o la vida de las personas con motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género.

Explicó que, de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, en nuestro país, en el año 2022, se registraron al menos 87 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por motivos presuntamente relacionados con su orientación e identidad sexual.

Por ello, dijo, es necesario impulsar y trabajar fuerte en una agenda legislativa contra los homicidios de personas pertenecientes a esa comunidad, de los que se tiene registro en al menos 24 entidades federativas, sobre todo en Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México.

“Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, así como a entornos de protección institucional que inhiban comportamientos que atenten contra su integridad”, insistió.