Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, pospuso la audiencia inicial y de imputación en contra de cuatro ex funcionarios del gobierno mexiquense y representantes de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), ahora Aleatica, por ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.

La audiencia estaba programada para las 9:30 horas, pero fue suspendida porque ninguno de los siete señalados como presuntos responsables de haber otorgado la explotación ilegal de la concesión de un tramo carretero, en este caso del llamado Circuito Bicentenario de 22 kilómetros de longitud, se presentaron.

De acuerdo con información obtenida del Poder Judicial de la Federación (PJF), el juez federal consideró injustificada la comparecencia de ex funcionarios como del ex secretario general de Gobierno del estado de México, Ernesto Nemer: el ex secretario de movilidad, Luis Limón; el ex director del Sistema d utopistas, Alberto Angulo y el ex director de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares.

Asimismo, estaban citados a comparecer el ex presidente del Consejo de Administración de OHL, José Andrés de Oteyza; Sergio Hidalgo Monrroy Padilla, presidente de OHL México --ya que la empresa es una filial de OHL una empresa española--, y Rubén López Barrera, actual representante de OHL .

El Circuito Bicentenario es una vialidad construida por OHL (ahora Aleatica) con un costo de 6 mil 500 millones de pesos, y se le adjudicó la obra en 2008, mediante un contrato que le permite operar durante 30 años este tramo carretero obteniendo ingresos por peaje.

El tramo carretero abarca parte que van del Toreo de Cuatro Caminos a Tepalcapa y de Tepalcapa a Tepotzotlán, comprendiendo varios municipios mexiquenses como Tlalnepantla, Satélite, Cuautitlán Izcalli, y conecta con vialidades rápidas como Río San Joaquín en la Ciudad de México.

De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades mexiquenses otorgaron de manera indebida la concesión de la vialidad a la entonces OHL, ya que la explotación del tramo correspondía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), todo ello se trató de "legalizar" durante el gobierno del priísta Alfredo del Mazo.