Ciudad de México. La detección de empresas y personas que simulan operaciones inexistentes se disparó 553 por ciento el año pasado, de acuerdo con las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El repunte coincide con la eliminación de la prisión preventiva oficiosa —por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— para delitos fiscales, como lo son la emisión de facturas falsas, el contrabando y la defraudación.

Luego de que en 2022 el organismo sólo notificó a 15 contribuyentes por haber detectado inconsistencias en sus comprobantes fiscales (facturas), en 2023, con corte a noviembre, esta cifra se disparó a 98, de los cuales 12 ya se encuentran como definitivos y en otros 86 se mantiene la presunción de que simularon operaciones, por lo que estos últimos aún pueden hacer uso de algún medio de defensa para desestimar los hallazgos del SAT.

En 2018 comenzó una tendencia a la baja en el número de empresas y personas listadas por el SAT por presuntamente estar simulando operaciones inexistentes. Esta reducción se acentuó de 2020 a 2021, con una caída de 51.1 por ciento; y otro tanto más de 2021 a 2022, cuando la baja alcanzó 97.3 por ciento; años en los que estuvieron vigentes las disposiciones que castigaban con cárcel los delitos fiscales.

El repunte de 553 por ciento registrado el año pasado coincide con la eliminación de la prisión a presuntos factureros, decidida por la SCJN en noviembre de 2022. La medida, de acuerdo con autoridades hacendarias y tributarias, servía más como un inhibidor para pequeños y medianos contribuyentes; mientras sus efectos penales estaban más enfocados hacia la delincuencia organizada y de cuello blanco.

La acotación se debe a que una de las causales más importantes para llegar a prisión —por un delito que llegó a representar 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB)— era que las facturas que pretendía acreditar operaciones inexistentes sumaran 7.8 millones de pesos. Con ese monto en comprobantes fiscales, por lo menos se debían tener ingresos brutos anuales de 30 millones de pesos.

Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) notificó que sólo 12 personas habían sido sujetas a prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, menos de uno por ciento de los mil 714 presuntos factureros publicados por el SAT entre 2020 y 2022, y que fueron sujetos a esas disposiciones que no eran retroactivas.

Hasta la fecha, hay 12 mil 768 registros de contribuyentes listados por el SAT, por haberse presumido y/o comprobado que emitieron facturas sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para operar. La mayor parte fue publicada por primera vez en la pasada administración; 9 mil 373 fueron incluidos en el registro del 69-B entre 2014 a 2018; el resto de 2019 hacia adelante.

Del total, 10 mil 798 contribuyentes (84.6 por ciento) ya fueron catalogados como definitivos; es decir se sostuvieron los hallazgos del SAT al listarlos como factureros; mil 442 más (el 11.3 por ciento) presentaron un medio de defensa ante la acusación y la sentencia les fue favorable. En el resto, 197 (1.5 por ciento del total) se mantienen bajo la presunción de haber facturado operaciones inexistentes, incluso algunos se encuentran en ese limbo desde 2014; y en el caso de 331 (2.6 por ciento) el procedimiento fue desvirtuado.