La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció este miércoles que “existe un plan” para asesinarla por parte de Los Lobos, una banda delincuencial ligada con el magnicidio de un candidato presidencial en 2023.
Las personas detrás del supuesto complot "están identificadas" y "forman parte de Los Lobos", aseguró Salazar durante una audiencia de acusación por el caso "Metástasis", un escándalo relacionado con el crimen organizado por el cual fueron detenidos más de 30 policías, fiscales, jueces y el presidente del Consejo de la Judicatura, entre otros.
Los Lobos fueron relacionados en 2023 con el asesinato a tiros en Quito del candidato presidencial Fernando Villavicencio, 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Hombres encapuchados que se hacían pasar como miembros de ese grupo se adjudicaron el crimen en un video, aunque la grabación en la que lo hacían no pudo ser verificada.
Por ese caso, terminaron en prisión seis colombianos que luego fueron asesinados. A la fecha no hay condenas.
"Quieren callarme, como lo hicieron con Fernando Villavicencio, y ahora lo quieren hacer con la fiscal", agregó Salazar.
Durante la audiencia, la funcionaria señaló como responsable de dicho plan a Fabricio Colón Pico, supuesto líder de Los Lobos en Quito y hombre clave del crimen organizado en la capital ecuatoriana.
Colón Pico, hoy en libertad, ha sido vinculado desde 1997 en más de 30 procesos con la justicia, según el portal de la función judicial. Las investigaciones incluyen cargos por asesinato, narcotráfico, extorsión y robo.
En 2012, fue capturado después de haber sido incluido en la lista de criminales más buscados, en aquel entonces acusado de pertenecer a una banda de hurto y extorsión que operaba en Quito.
En 2020 fue sentenciado a cuatro años de prisión por delincuencia organizada, pero en 2021 salió en libertad bajo un beneficio penitenciario.
En el caso "Metástasis", la Fiscalía investiga un supuesto esquema de corrupción en el Estado para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en prisión en 2022, mediante el pago de sobornos a policías, funcionarios de la autoridad penitenciaria y operadores judiciales.
Entre los vinculados en la audiencia del miércoles se encuentran abogados, jueces, policías, fiscales y empresarios. Salazar pidió que se dicte prisión preventiva contra los acusados.