La Paz. El Tribunal Constitucional de Bolivia determinó que el líder opositor Luis Fernando Camacho, encarcelado desde hace un año por un proceso vinculado con la caída de Evo Morales en 2019, sea reemplazado por su vicegobernador al frente del departamento de Santa Cruz, según un fallo divulgado este martes.
La Gobernación anunció que no acatará la decisión.
El máximo tribunal constitucional del país resolvió que "el vicegobernador (Mario Aguilera debe) asumir inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz", en una sentencia con fecha del 29 de diciembre, pero divulgada el martes.
Camacho, empresario de 45 años y elegido gobernador de Santa Cruz, bastión de la oposición de derecha, fue detenido el 28 de diciembre de 2022 tras la denuncia de promover un denominado "golpe de Estado" contra Morales (2006-2019).
Desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en los Andes bolivianos, Camacho siguió ejerciendo sus funciones de gobernador con la ayuda de sus funcionarios, que le llevan documentos para firmar.
El gobierno de Santa Cruz y la Asamblea Legislativa regional siguieron reconociendo a Camacho como máxima autoridad.
"El gobernador no está impedido de ejercer el cargo", afirmó tras el fallo el asesor jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, arguyendo que, según la ley local, la detención preventiva no es causal de reemplazo del gobernador.
La decisión es "un golpe a la democracia y un golpe al voto del pueblo cruceño", añadió Suárez, en referencia a los habitantes de Santa Cruz, locomotora económica del país.
El gobernador no se pronunció.
El partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) pidió al Tribunal Constitucional en febrero de 2023 que el vicegobernador Aguilera asumiera el cargo.
El viceministro de Autonomías, Alvaro Ruiz, respaldó este martes el fallo y dijo que Aguilera "debe asumir la titularidad" de la gobernación más próspera de Bolivia.
Camacho y Aguilera fueron elegidos juntos en los comicios de 2020, pero se alejaron políticamente.
El gobernador está a la espera del inicio de su juicio, en el que la Fiscalía pide hasta 20 años por delitos de financiamiento al terrorismo y otros que presuntamente cometió, con el fin de provocar la renuncia a de Morales en 2019.
El opositor siempre argumentó que fue una revuelta popular en las calles lo que forzó a Morales a renunciar, tras acusarlo de cometer un supuesto fraude electoral ese año para retener el poder hasta 2025.
