Buenos Aires. Argentina atraviesa el momento más crítico en su historia y, especialmente, a partir de la recuperación de la democracia hace 40 años y después de los sucesos de 2001, en momentos en que se aplica una política de shock, intentado cambiar la Constitución nacional mediante ilegales decretos de necesidad y urgencia (DNU) y paquetes de leyes que suman más de mil cambios y significan la pérdida de soberanía, así como la instalación de una dictadura surgida de elecciones, que ni siquiera fueron debidamente controladas.

Ayer, el presidente ulraderechista Javier Milei envió un mensaje de Fin de Año repitiendo parte de su discurso durante la toma de posesión el pasado día 10, y que reiteró 10 días después cuando anunció el DNU, que hizo estallar a los barrios en esa misma noche de cacerolas y marchas.

Milei ratificó que el próximo año será muy duro para la sociedad, pero resaltó que las reformas que impulsa tendrán resultados positivos a futuro, ahora promete otra Argentina dentro de 45 años.

De esta manera, instó al Congreso a apoyar la ley ómnibus, por supuesto con mensajes amenazantes para los diputados y senadores que estarán entre dos opciones: continuar con el modelo que nos ha empobrecido, que, según su punto de vista, se aplicó durante los pasados cien años, agravado por los recientes gobiernos, o aprobar la ley y abrazar las ideas de La Libertad Avanza. Además, insistió también en sus cifras en todos los casos falsas, como lo ha demostrado el periodismo local.

Más cambios en la Constitución

En este marco de situación de enojo y protestas, el asesor económico de Milei, el polémico economista Federico Sturzenegger, anunció ayer que la semana que viene enviará el gobierno otro paquete de unas 160 leyes que derogan las que figuran en la Carta Magna.

Eso sucede mientras ayer continuaba la decisión de resistir en las calles, cuando actores, actrices, escritores, cineasta, libreros y todos los que están en la lista de los organismos culturales que se quieren eliminar, lo que significa el mayor golpe a la cultura y su desaparición junto con el Estado, que se concentraron en un abrazo al Fondo Nacional de las Artes y también el Instituto Nacional del Teatro en el comienzo de otro plan de lucha y resistencia, así como de nuevas solicitudes de amparo ante una justicia sorda y muda, desde que sus estructuras fueron infiltradas para convertirlas en lo que son hoy, un partido judicial que responde a necesidades externas.

También los músicos se concentraron y tocaron en las calles; hay cacerolazos en varios barrios y en el interior del país. Con 30 por ciento de inflación y aumentos diarios de los alimentos y todos los productos se despedirá este año 2023, en medio de una ciudad tan desolada como durante la pasada Navidad.

Sucede mientras el presidente pide sacrificios al pueblo y advierte que estos meses próximos serán muy duros y lo dice en el escenario de un teatro de revista, en la ciudad turística de Mar del Plata, donde subió al escenario para abrazar a su novia, la cómica y bailarina Fátima Flores, y hacer un teatro dentro del teatro, besándola sin besarla, al mejor estilo de Hollywood, mientras en las calles sonaban las cacerolas y manifestantes lo abucheaban.

Mar del Plata depende del turismo de verano y con los aumentos desaforados que sucedieron en estos 20 días se cancelaron más de 60 por ciento de la reservaciones que habían hecho las familias argentinas, a las que ni siquiera les alcanza para su fiesta de Año Nuevo.

En cuanto al paquete de más de 600 leyes ómnibus nunca había sucedido, sólo en dictaduras, que ni siquiera hicieron un listado para terminar con la soberanía total y abrir las puertas de todas las riquezas para entregarlas especialmente a capitales estadunidenses, israelíes, británicos, que pueden quedarse con los grandes recursos, territorios estratégicos y el Atlántico sur incluyendo las islas Malvinas y la Antártida.

De lograr imponer este proyecto de ley ómnibus de entrega del territorio nacional, será mediante las nuevas leyes que implantarían derogando los artículos constitucionales vía decretos, para militarizar todo el país, utilizando las fuerzas de seguridad e impidiendo toda posibilidad de protesta y resistencia.

Un gobierno no es democrático por haber sido elegido democráticamente. Milei justificó la dictadura, reclamó la suma del poder público y quiere prohibir desde el derecho de reunión hasta el de huelga. La resistencia ciudadana, piqueteros, cacerolas y paro nacional, escribió ayer el periodista y analista Luis Bruchstein en el diario Página/12.

Añade que la estrategia brutal de alto impacto contra la sociedad lanzada por el gobierno de Javier Milei ya provocó decenas de amparos en la justicia, cacerolazos de la clase media, marchas de piqueteros y un acto masivo de la CGT (Confederación General del Trabajo), como parte de un plan de lucha que culminará el 24 de enero en la plaza del Congreso. Frente a la enorme y creciente inquietud y bronca, el DNU entró en vigencia.

Se refiere a que “este presidente absurdo piensa la política como propaganda, con una lógica tuitera que se convierte rápidamente en mentira. La contraposición de sentido en sus discursos lo expone. Donde grita: Viva la libertad, carajo exige que el Congreso le delegue el poder público en su gestión”.

Sin protección social

Y continúa: “Su vocero Manuel Adorni asegura que el DNU y la ley ómnibus buscan sacar de las espaldas de la sociedad el peso del Estado, cuando lo que sacan es la protección del Estado frente a las grandes corporaciones que son las únicas favorecidas; se llaman libertarios y quieren limitar las reuniones de tres o más personas en la vía pública, como en la dictadura.

Ante la referida situación, se considera que “el paquete de decretos y proyectos de ley configuran un verdadero golpe de Estado contra el Poder Legislativo, o sea: un golpe de Estado. Se acabó el periodo democrático más largo en 200 años en Argentina.

“El protocolo y la legislación represiva explican cómo pretende frenar las protestas ciudadanas. Pero es difícil que el Poder Judicial deje pasar el DNU. Y los contenidos de la ley ómnibus son invotables en el Parlamento.”

También coincide el analista con otros colegas locales que se refieren a que un gobierno que abiertamente no tiene vocación democrática (no es casual que haya justificado a la dictadura) especula con la actitud de jueces y legisladores que han mostrado muchas veces sumisión a las corporaciones y el poder.

El único contrapeso es la protesta por encima de las amenazas y la represión. En tanto, el consultado analista Eduardo Di Cola escribió que quieren provocar una guerra civil, quieren que Argentina se transforme en una zona de conflicto para justificar la intervención militar extranjera. La represión y la violencia desde la propia policía, la suma del poder público en manos de Milei con exclusión del Congreso, la eliminación de derechos individuales y colectivos, la venta del territorio con ilimitada posibilidad de compras en nuestras tierras estratégicas por parte de intereses foráneos y que el ingreso de topas de potencias extranjeras pueda decidirlo sólo el presidente.

Advirtió que se ha involucrado al país en una guerra a 15 mil kilómetros, donando material bélico: dos helicópteros a Ucrania, los únicos de América Latina en hacerlo, son un mero enunciado de alguna de las tantas provocaciones con la que pretenden llevarnos a un enfrentamiento social violento

Sostiene que estamos siendo conducidos a un escenario para generar condiciones que habiliten la intervención armada de un ejército de ocupación en un país del hemisferio sur con grandes extensiones de tierras e importantes recursos naturales, estratégicos, como el nuestro. Sólo el pueblo movilizado en paz será capaz de evitarlo.

También es notable la intervención abierta de corporaciones, como Techint o Elon Musk, en los proyectos del gobierno.

Plan de shock

A diferencia de las anteriores, es muy clara la decisión de avanzar con una estrategia de shock de privatizaciones y ajuste mediante el DNU, la ley ómnibus y otros decretazos. Y, sobre todo, quedó muy expuesta la ausencia de vocación democrática en las amenazas a posibles manifestantes, en el protocolo de Patricia Bullrich y leyes represivas.

En referencia a las que fueron enviadas en la ley ómnibus, así como en el requerimiento al Congreso para que le ceda su capacidad legislativa por dos años, que puede renovar por otros dos, o sea, para toda su gestión. La despedida de 2023 será entre resistencias y cacerolazos. El peronismo, por su parte, anunció que acompañará el paro y la marcha del próximo 24 de enero, mientras ya se dividió Juntos por el Cambio, lo que no facilita los proyectos gubernamentales. Otra vez ¡La patria no se vende!, sigue siendo una muletilla en todas las marchas.