Con el fin de contribuir a la soberanía energética nacional, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por conducto de la Secretaría de Energía (Sener) decretó la ocupación temporal e inmediata la planta de hidrógeno que operaba la firma francesa Air Liquide dentro de la refinería de Tula, Hidalgo.

En el Diario Oficial de la Federación se declaró la utilidad pública del suministro del gas que se produce en la planta U-3400 y se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), indica el decreto.

El gobierno federal destacó que esto mejorará los márgenes de refinación de Pemex TRI y contribuirá a la soberanía energética nacional, pues la refinería de Tula pagaba una cuota fija a Air Liquide que encarecía el suministro del insumo.

En aras de lograr el objetivo del gobierno federal de alcanzar la soberanía energética mediante autosuficiencia en la producción de petrolíferos, es necesario contar con la autonomía de suministro de hidrógeno en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, sin depender de agentes externos que puedan resultar ajenos a los intereses sociales y de beneficio público que persigue el Estado mexicano para lograr sus cometidos constitucionales.

El gas se utiliza en la refinación de crudo para aligerarlo, pero también para obtener mejores rendimientos en la producción de gasolinas. Al menos una tercera parte del hidrógeno a escala global se destina a la refinación.

La planta estaba bajo control de la firma francesa desde 2017, luego de que la anterior administración realizó una enajenación onerosa por 52 millones 700 mil dólares y se asoció con Air Liquide para que suministrara hidrógeno por 20 años.

El decreto señala que la subsidiaria de la empresa estatal cubrirá con su presupuesto autorizado la indemnización que debe pagarse según el avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. No se especificó el monto.

Los responsables jurídicos de Air Liquide podrán acudir al procedimiento judicial sólo para controvertir el monto de la indemnización pasados 10 días hábiles.

Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, consideró a través de su cuenta de la red social X, que la expropiación inmediata. No importa de qué sea, no es buena.

Aunque el documento recuerda a la Ley de Expropiación, apuntó que el decreto aún no anuncia una expropiación como tal.

Julia González, abogada especializada en energía, dijo a Reuters que declarar un activo como de utilidad pública es un paso a la expropiación, pero que podía no resultar en una. No es el primer caso similar, dijo. Basta recordar lo ocurrido con los ferrocarriles.

En mayo, el gobierno mexicano declaró también como de utilidad pública un tramo ferroviario operado por una de las subsidiarias de Grupo México, lo que hizo caer sus acciones.

Litigio con Calica debe resolverse en 2024, advierte AMLO

Alonso Urrutia

Aun cuando se está actuando con prudencia en la búsqueda de un acuerdo para que el gobierno le compre a la empresa Calica (filial de la firma estadunidense Vulcan), un terreno de 2 mil hectáreas en Playa del Carmen para convertirlo en reserva ecológica, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que este litigio debe quedar resuelto en el primer trimestre de 2024. Subrayó que su gobierno no puede ser cómplice de la violación de leyes en detrimento del medio ambiente.

Aseveró que la canciller, Alicia Bárcena, es la encargada de negociar con la empresa a fin de que acepte 6 mil millones de pesos que arrojó el avalúo como costo del terreno de donde extraen materiales para pavimentar calles y autopistas en Estados Unidos. Se les está proponiendo la compra porque no pueden seguir explotando ese terreno, que forma parte de la selva, destacó el mandatario.

Ojalá y entren en razón y acepten que se les compre el terreno... lo vamos a convertir en área natural protegida, no va a ser para negocio, sino es para proteger el medioambiente, dijo en su conferencia.

Advirtió que la empresa no puede actuar pensando que con el cambio de gobierno van a poder regresar a lo mismo. Están equivocados, están malaconsejados.

Señaló que ante la postura de buena fe del gobierno, la empresa incumplió un acuerdo inicial para dejar de extraer material.

El mandatario rebatió el argumento de que la decisión de su gobierno de cancelar la extracción (que se realizaba con base en permisos otorgados por los gobiernos de Carlos Salinas y Enresto Zedillo) se base en una presunta violación del tratado comercial, cuando en este existe un capítulo para la defensa del medio ambiente.