Buenos Aires. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó ayer a paro general y a una marcha el 24 de enero para ir ante el Congreso en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU), que anunció el pasado 20 de diciembre el presidente ultraderechista Javier Milei, el cual contiene más de 300 medidas adversas a los derechos de los trabajadores y al pueblo en general, a lo que añadió antier el envío al Congreso de un paquete de más de 600 leyes que abarcan todas la áreas y que anulan al Parlamento durante dos años, entre otras disposiciones que le asegurarían el poder absoluto.

Los dirigentes se reunieron en su histórica sede sindical para definir detalles, los cuales se ajustarán el próximo 10 de enero con la participación de las organizaciones regionales del país.

Héctor Daer, titular de la CGT, advirtió que la ley ómnibus, el paquete de medidas que analiza el Congreso en asamblea extraordinaria, resulta exponencialmente más peligrosa que el DNU, aunque en ambas se superponen algunas medidas, pero que en general afectan gravemente los derechos colectivos y, entre otros, el sistema universal y solidario de salud.

Sostuvo que se debe rechazar, pues, si no se movilizan, el presidente va a gobernar con la suma del poder público, recordando que ya hay materia en contra de las indemnizaciones y han establecido que las empresas monopólicas –las grandes beneficiadas–, podrán cobrar lo que quieran.

La decisión contó con el apoyo unánime, lo que significa que a partir del 24 de enero pueden tomar todas las acciones que crean necesarias, ya sea otro paro o movilizaciones. Con ambos recursos de acción popular, comienza la lucha por los derechos laborales, que además son acompañados por todas las centrales sindicales del país.

Daer criticó que la ley ómnibus favorece a la propiedad privada, atenta contra los derechos de los jubilados y habilita la venta de acciones de las 41 empresas estatales principales, entre las que figuran Yacimientos Petrolíferos Federales, Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Banco Nación y Télam, a las que los poderes hegemónicos han intentado comprar desde el comienzo del neoliberalismo, entre otras graves medidas, y es evidente que la decisión de Milei no es inocente.

Durante la jornada de ayer, organizaciones sociales realizaron un bloqueo en la Ruta Nacional 3 de la provincia de Buenos Aires, en el sector La Matanza, para rechazar los decretos presidenciales. También se registraron múltiples movilizaciones y cacerolazos en distintas partes del país.

A río revuelto, sube el pasaje

Las Cámaras del Transporte se reunieron ayer con funcionarios federales y se comprometieron a normalizar los servicios colectivos, que habían decidido funcionar con un semiparo o con menos unidades, afectando a todos los trabajadores; además podrán aumentar los pasajes.

Con la promesa del gobierno de autorizar el aumento de la tarifa del transporte de pasajeros para trayectos de corta y media distancia, las cámaras integradas por los dueños de las operadoras aseguraron ayer que en las próximas horas cesará el semiparo patronal y comenzarán a normalizar de forma paulatina los servicios de colectivos en Buenos Aires.

Ahora esperan las medidas que adoptará el gobierno sobre el tema de subsidios y la actualización de las tarifas, para analizar luego los pasos a seguir. Pero los anuncios previstos son aumentos de precios que la población, en especial la clase obrera, no puede pagar.

El segundo punto del plan de lucha de la CGT, el primero fue la denuncia ante la marcha de antier ante los tribunales de esta capital, serán las solicitudes de audiencia a cada bloque de diputados y senadores para debatir su acompañamiento a sus posiciones ante el DNU y la ley ómnibus.

Dirigentes de la central sindical se reunieron de urgencia el viernes pasado con la bancada de Diputados de Unión por la Patria, mientras el martes lo hicieron con la del Senado.

El tercer punto del plan de lucha convoca a una reunión con las demás centrales obreras para articular medidas en conjunto. Además, la confederal resolvió en un último punto facultar al consejo directivo nacional para dictar las medidas que considere pertinentes en la oportunidad que requiera el actual estado de situación.

Por otra parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó el mega DNU y la ley ómnibus, y recordó que siempre es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley que dedicarse a laburar (coloquial en Argentina para el verbo trabajar) y a generar trabajo e industria.

En alusión al presidente, recordó que esos que se dicen eficientes son bien vagos porque, incluso, los decretos se los escriben otros, refiriéndose a las empresas beneficiadas que redactaron las más de 600 leyes a derogar y remplazar. Esto ya ha sido denunciado con los nombres de todas estas empresas, cada una favorecida por el decreto de Milei.

Kicillof sostuvo que tiene que haber Estado presente y que la antinomia sector privado o público es mentira ya que es con ambas y al mismo tiempo.

Criticó la política de apertura comercial del gobierno, al afirmar que permitir un ingreso irrestricto de las importaciones hace que estén todos en la lona y que nadie pueda comprar los productos que vienen del exterior, por más que puedan ser más baratos.

No es cierto que para el que no la quiere ver, no ve el cambio climático ni los conflictos geopolíticos a nivel global, afirmó.

Hay una temática de la que aún no se ha hablado tanto y es que la ley ómnibus contiene un drástico ajuste al sector cultural.

El paquete de reformas abarca el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes quitar el financiamiento a los institutos nacionales de Cine y Artes Audiovisuales, de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

Artistas emergentes becados, obras de teatro independientes y bibliotecas populares en los barrios podrían dejarán de existir, alertó la Asociación de Trabajadores de la Educación.

También contiene la derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), que data de 1997 y que determina que la actividad teatral por su contribución al afianzamiento de la cultura debe contar con promoción y apoyo del Estado. Si se concretara la derogación, quedaría eliminado el Instituto Nacional del Teatro. De este modo, el circuito independiente, tan prolífico en el país, quedaría a la deriva señala un análisis de esos organismos.

Ayer, la Asociación Argentina del Teatro Independiente consideró que la intención del Ejecutivo es una afrenta a la cultura y al trabajo de toda la comunidad teatral que por décadas se desarrolló alrededor de esta política de Estado que atravesó los más diversos gobiernos.

Resaltó la lucha histórica de teatristas que pelearon por esta conquista, incluso heroicamente durante la pasada dictadura (1976-1983).

También se intenta derogar el Decreto Ley 1224, de 1958, creador del Fondo Nacional de las Artes, que depende del Ministerio de Cultura, y que promueve y desarrolla la producción de creadores de todo el país financiando su formación y desarrollo de obras.

El ataque mayor es contra el cine, que es uno de los mayores logros en los recientes años y que dejará de ser financiado, causando, entre otros, graves daños que afectan al teatro, a la industria y entidades relacionadas, como la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que desaparecería como estructura legal.

También deja en el vacío a la Unión de Músicos Independientes, ente público no estatal, al confinarlo en un programa de la Secretaría de Cultura.

El mundo del libro no se salva: propone la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera.

De acuerdo con la Cámara Argentina del Libro, pondría en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas expendedoras, así como también el acceso a la lectura general, pues cierra todos los beneficios a las bibliotecas populares.

“La ley ómnibus pone en juego todos los aspectos de la vida cultural del país. Serán días de alarma”. señala un recuento del diario Página/12.