A Tatiana Clouthier la aprecio conforme a una amistad no frecuente, pero siempre presente. El centro bajo mi responsabilidad en la universidad pública de Nuevo León ha contado siempre con su valiosa disposición a colaborar en sus actividades. A Alfredo Jalife-Rahme, compañero de planas en La Jornada, lo admiro por su gran capacidad de información y análisis en torno a los temas que suele desarrollar. Ambos protagonizan un lamentable litigio, cuyo primer desenlace fue la detención y prisión de Jalife, por fortuna pronto superadas.
Es difícil opinar en conflictos donde los involucrados tienen que ver con algo tan próximo a uno como son sus amistades y su trabajo. Pero el caso toca fibras íntimas relativas al periodismo, para mí definitorio. Toca aun una de las causas que ciertos mexicanos defendemos: el uso soberano de nuestros recursos naturales; el litio, entre ellos.
El conflicto se inició con el señalamiento de entreguismo respecto del litio –en tono de acusación personal– que hizo Alfredo a Tatiana. La respuesta de Tatiana, política de reconocido nivel, fue denunciarlo por difamación y calumnia, ambas figuras vigentes en el Código Penal de Nuevo León.
Hay quienes puedan sentir rechazo al estilo desenfadado y a veces arrogante y satírico de Jalife. A mí me parece que es saludable en un clima plagado de subterfugios, falsa solemnidad y acartonamiento de numerosos usuarios de la palabra. Con Tatiana llegó al extremo de emplear el juicio ad hominem, algo que, eso sí, me repugna: es uno de esos vicios contrarios al periodismo de opinión que busca explicar, aclarar, orientar y no emitir juicios sumarios sin otro sustento que la descalificación, la embestida acusatoria y/o condenatoria.
Sin embargo, y en descargo de Jalife, sus deslices verbales resultan poco significativos al lado del gran valor cognitivo de sus expresiones. No sólo eso, en un ámbito donde los políticos surfean en un océano de pretensiones democráticas, el denuesto mismo contra ellos debiera ser asumido como parte del juego en que participan. Los políticos tienen demasiados mecanismos e instrumentos de ataque y defensa como para que también una legislación cucufata y atrasada los proteja de lo que ciudadanos y pobladores del ágora puedan manifestar contra alguno de ellos como diatriba, burla, caricatura y otros recursos de la crítica. Con nítida sabiduría, algún autor señaló que una de las condiciones de la democracia es que los políticos no deben enojarse por las críticas que en cualquier modo puedan recibir.
Así, el centro que menciono al principio de esta colaboración hizo llegar al presidente del Congreso de Nuevo León una petición para que se legisle a efecto de desaparecer del Código Penal las figuras punibles de difamación y calumnia.
Tanto el uso del juicio ad hominem de Jalife como la denuncia penal de Clouthier dejaron un saldo de insatisfacciones y satisfacciones personales. Pero le escamotearon al público el tema de fondo y desde luego de mayor importancia para el país: la explotación y destino del litio. En diferentes zonas del país, incluido Nuevo León –se explica el interés de Tesla por instalarse en este estado–, hay litio, según el doctor Miguel García, director general del Centro de Inteligencia Geopolítica y Medio Ambiente.
Vale preguntarse cuántos individuos que han calumniado y difamado al Presidente de la República pudieran haber corrido igual suerte que Jalife. En ningún gobierno anterior hubo mayor libertad de expresión y de prensa que en el actual. Cierto, él mismo se ha excedido al referirse a periodistas con calificativos discriminatorios, peyorativos o fuera de tiempo y lugar. Pero no ha ido más lejos. Sobre ello, empero, me parece que el jefe del Ejecutivo debiera sopesar un repliegue. A uno de los presidentes del PRI omnímodo le escuché decir que el Presidente de la República debía ser muy cuidadoso con sus palabras, gestos y ademanes, pues alguno de sus adeptos pudiera interpretarlos con graves consecuencias. En otras palabras, hacerle un favor ya se entiende cómo. Tal cuidado debiera extenderse a gobernadores, legisladores, alcaldes y, en fin, a los políticos en relación, de manera subrayada, con los periodistas. La suma de quienes han sido asesinados en México llama a una profunda reflexión y revisión acerca de este oficio, cuyo coeficiente de vulnerabilidad da cuenta de las costumbres democráticas de un país.
Si una profesión requiere de valoración positiva y cuidado es la de periodista. En una sociedad que alberga muy diversas anomalías, su quehacer entraña, casi de modo permanente, correr riesgos por muy diferentes causas: inmadurez cívica, ausencia de cultura política, caciquismos, fuerzas delictivas, poderes fácticos por encima de la ley, fallas evidentes en las fiscalías y un sistema judicial sumido en la bandería y la prevaricación. El resultado: gran impunidad.
No se puede ofrecer ni pedir libertad de expresión si se coarta, con cualquier motivo, aquella de que hacen uso los periodistas para desarrollar su trabajo.
