Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, mediante el defensor del pueblo, Guido Lorenzino, impugnó ayer judicialmente el decreto 70/2023 ante los tribunales federales de La Plata para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, del presidente ultraderechista, Javier Milei, con nulidad absoluta y que se ordene protección cautelar, con la suspensión inmediata de este intento de derogar más de 300 leyes.

Esta solicitud quedó en el juzgado de Alberto Recondo, y no sorprende, porque el propio gobernador de la mayor provincia del país, Alex Kicillof, perteneciente a Unión por la Patria, denunció públicamente la ilegalidad de estos decretazos.

Ante esta situación, el presiden-te Milei amenazó con que si no aprueba sus decretazo el Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) tiene absoluta minoría, llamará a plebiscitos, a todos los que sean necesarios.

Antes del día 29 deberá haber decisiones sobre el texto ajustado a la Constitución bonaerense donde el defensor del pueblo tiene la representación de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que contiene 40 por ciento de la población argentina. Todo dentro de la legalidad.

La decisión del presidente de la nación de modificar aproximadamente 300 leyes de contenido múltiple y heterogéneo, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno, sostiene el escrito presentado por Lorenzino, que publica el diario Página/12.

El escrito menciona el peligro de demora, por cuanto los efectos son irreparables.

Sin demasiado esfuerzo se advierte que la derogación de la ley de abastecimiento, de góndolas, de alquileres, la liberalización de los servicios de salud, nuevas causales de injuria laboral, habrán de producir efectos inmediatos irreversibles.

Hay otra media docena de denuncias por la ilegalidad

Hay más de media docena de denuncias también por la ilegalidad que significa necesidad y urgencia, que no puede ser justificada como tal porque existen constitucionalmente las circunstancias excepcionales, que no contemplan los DNU gubernamentales.

Por otra parte, la asociación civil Observatorio del Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, presentó el primer amparo contra el polémico DNU, que además no tenía fecha de haber sido iniciado, ante lo cual se manifestaron la mayoría de los constitucionalistas y advirtieron que entra en vigencia el 29 de diciembre.

Si el juzgado impone la cautelar serían suspendidos los decretos en todo el país, hasta que el Congreso se pronuncie.

El decreto que el presidente Milei anunció para despedir a 7 mil trabajadores fue publicado ayer en el Boletín Oficial lo que provocó varias denuncias de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en este caso, por abuso de autoridad y traición a la patria.

Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el decreto, informó el secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, y sostuvo que la denuncia penal es por la comisión de varios delitos.

Enumeró el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad, todos enmarcados en el Código Penal como el delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.

Lo anterior aumentó la tensión que se vivía ayer, cuando inquili-nos que no podrán continuar pagando alquileres, familias en situación de calle y otras organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, afectados por medidas gubernamentales, realizaron un colchonazo (protesta con colchones) y ollas populares en la Plaza del Congreso, y fueron acorralados por la policía de la ciudad de Buenos Aires.

El mandatario firmó también el decreto en el que llamó a sesionar al Congreso e incluir los temas de la reforma del Estado y la vuelta del impuesto a las ganancias para trabajadores.

Durante una conferencia ayer del vocero de gobierno, Manuel Adorni, muy cuestionado por la prensa local, prácticamente dejó una amenaza encubierta dirigido a los diputados y además advirtió que volvieron a abrir una línea telefónica para que se denuncie si hay extorsión para ir a la marcha que encabeza hoy la Confederación General de Trabajadores (CGT), denuncias además insostenibles porque son anónimas.

Ratifica Bullrich castigos para quienes corten calles

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó este martes que el gobierno nacional dará de baja los planes sociales de aquellas personas que corten calles durante la manifestación convo-cada para mañana por la CGT y otros gremios estatales frente a tribunales.

 Hoy queremos llamar a la reflexión a quienes tienen planes sociales, que recuerden que si se quedan haciendo sus tareas van a mantener el plan y agregó que si cortan una calle, el que corta no cobra.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz expresó ayer que esa coalición pretende acompañar las reformas del gobierno, pero cuestionó que se realicen a través de un decreto, del cual no hay un constitucionalista que afirme que sea válido y pidió al Ejecutivo que lo desdoble para que el Congreso pueda "tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente”.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, encabezada por Julio Piumato, anunció un paro de 24 horas para hoy, con la finalidad de reclamar una recomposición del salario correspondiente a este mes, y acompañarán la movilización convocada por la CGT.