La Paz. El Ministerio Público de Bolivia presentó este martes una acusación formal por el caso denominado Golpe de Estado I, con acusaciones contra la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, al exlíder cívico potosino Marco Pumari, ex ministros y ex jefes militares y policiales.
La Fiscalía brindó una conferencia de prensa para detallar la acusación relacionada con la crisis política de 2019 en Bolivia, que culminó con la dimisión del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
La acusación del Ministerio Público lo anunció ante los periodistas, el fiscal Omar Mejillones, quien precisó que la imputación establece entre 15 y 20 años de prisión por el delito de terrorismo, considerado el más grave en este proceso.
Mejillones precisó que la pena solicitada variará según el nivel de participación de cada acusado. Áñez y Pumari enfrentan acusaciones de complicidad en el contexto de este delito.
El caso Golpe de Estado I ha sido objeto de una exhaustiva investigación durante tres años desde finales de 2020, a raíz de la denuncia por terrorismo presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
Camacho se encuentra bajo detención preventiva en el penal Chonchocoro en el departamento de La Paz (oeste) desde el 28 de diciembre de 2022 en relación con este caso, presentado para establecer responsabilidades en los sucesos que desencadenaron la renuncia de Morales.
Por su parte, Áñez cumple una sentencia de 10 años en el caso Golpe de Estado II, relacionado con la vulneración de las normas para acceder al poder, y está detenida en la cárcel de mujeres de Miraflores en la ciudad boliviana de La Paz.
El desarrollo reciente de este caso ha visto a seis de los imputados admitir su culpabilidad y someterse a juicios abreviados, obteniendo sentencias reducidas. Sin embargo, otros acusados, incluyendo a ex comandante de las Fuerzas Armadas como Williams Kaliman y ex comandante de la Policía, Yuri Calderón, se encuentran en rebeldía, presuntamente fuera de Bolivia.
La Fiscalía sostiene que hubo una coordinación entre Camacho, la Policía y las Fuerzas Armadas para destituir a Evo Morales de la presidencia de Bolivia, en lo que se considera un proceso judicial de gran trascendencia en el país sudamericano.
