Monterrey, NL. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Nuevo León registró en 2023 un aumento del 68 por ciento en el número de expedientes de quejas, alcanzando hasta 2 mil 542, en comparación con los mil 509 del año anterior.
Las dependencias con mayor incidencia de hechos violatorios fueron la Secretaría de Seguridad Pública con 451 quejas, seguida por la Secretaría de Educación con 404 y la Fiscalía del Estado con 336, según datos recopilados hasta noviembre de 2023.
En el ámbito municipal, Monterrey lidera con 88 quejas, seguido por Guadalupe con 50 y Escobedo con 37. Además, los organismos pú́blicos descentralizados más señalados fueron el Instituto de Defensoría Pública con 94 quejas, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con 64, el Sistema DIF con 54 y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad con 52.
Las violaciones más frecuentes incluyen detención arbitraria (379 quejas), detención ilegal (377 quejas), obstaculización u omisión de observar la ley (317 quejas) y obstaculización en el interés superior de la niñez (304 quejas).
Olga Susana Méndez Arellano, titular de la CEDHNL, destacó que el aumento de quejas refleja una mayor confianza de la ciudadanía en el organismo, atribuyéndolo también a la promoción de los Derechos Humanos y la capacitación del personal público, especialmente en el ámbito de seguridad.
Méndez Arellano invitó a las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil a unirse en un esfuerzo conjunto para la promoción y garantía de los derechos humanos, para preservar la dignidad de todas las personas en Nuevo León, obteniendo como resultado una sociedad justa y equitativa.
“Que las personas sepan los derechos que les asisten y esperamos revertir estas cifras. Cuando se violentan los derechos humanos tenemos distintas medidas, como la reparación y no repetición.
El compromiso que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos es apoyar a toda institución pública en capacitar con enfoque de derechos humanos, en dar a conocer los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.
Es la obligación constitucional de este organismo y es el compromiso que ponemos con cada una de las autoridades para garantizar los derechos de todas las personas que habitan Nuevo León”, dijo Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo.
