Quito. El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, señalado en un caso de sobornos a un juez pagados por el narcotráfico, pidió asilo al gobierno mexicano bajo el argumento de que es víctima de una persecución política. Una maniobra que, en caso de resultar a su favor, el gobierno de Ecuador consideraría deplorable.

En declaraciones a The Associated Press, el abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, dijo que el pedido formal se sustenta en la necesidad de “precautelar su vida, su integridad física y su salud” ante “hechos que revisten carácter político”.

Estos obedecerían, según el jurista, a un “ensañamiento y persecución de la fiscal general del Estado” Diana Salazar en contra de su cliente.

En respuesta, el gobierno ecuatoriano hizo pública su posición el viernes y en un comunicado oficial expresó que Ecuador “deploraría” un posible otorgamiento de asilo diplomático al ex funcionario por parte de México.

La Cancillería ecuatoriana dijo que convocó a la embajadora del país azteca, Raquel Serur, para informarle que una eventual concesión de asilo “no sería lícita”, según lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Agregó que actuará “con absoluta firmeza con base en los altos intereses del Estado”.

Ecuador remitió la documentación “pertinente”, proporcionada por la fiscalía y por la Corte Nacional de Justicia, señaló.

El artículo III de la citada convención establece que: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes (..)”.

Glas, de 54 años, se encuentra desde el domingo en calidad de huésped en la embajada de México en Quito donde ingresó, tras conocerse un pedido para que comparezca en la fiscalía como parte de una investigación por presunto peculado en una obra de reconstrucción de 2016 cuando ejercía el cargo.

También está señalado en otra investigación del Ministerio Público. Según la fiscal general, Glas —que está condenado por corrupción, aunque en libertad condicional desde 2022— habría salido de prisión gracias a que el narcotraficante ecuatoriano Leandro Norero, alias El Patrón, entregó un soborno de 250 mil dólares a un juez para que le concediera ese beneficio.

Para el abogado defensor Franco Loor, esta acusación es parte de la “persecución política” contra el ex vicepresidente, pues “sin contrastar da por cierto” los chats de un narcotraficante, lo cual deberá ser investigado, dijo.

En cuanto a las sentencias de seis y ocho años que cumplía Glas por asociación ilícita en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y por un entramado de corrupción en la concesión de obras públicas, el jurista aseguró que carecieron de “veracidad probatoria”.

Agregó que si bien la Convención sobre Asilo Diplomático señala que no se concede esa garantía a personas procesadas por delitos comunes en tribunales ordinarios, existe la salvedad cuando “los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.

Según el abogado, Glas “corre peligro” de regresar a la cárcel y “varias veces fue amenazado”.

Franco Loor explicó que el gobierno de México deberá analizar la documentación presentada para lo cual no existe un plazo. Aspira a que le conceda el asilo y que el actual mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, “quien ha dicho que no se va a prestar a persecuciones políticas”, le otorgue el salvoconducto en caso de que el gobierno mexicano resuelva favorablemente el pedido.

La situación jurídica del ex vicepresidente no cesa de generar polémica en el país andino.

Además la fiscalía informó el viernes que se agendó para el 5 de enero la audiencia de formulación de cargos contra Glas por presunto peculado en el “Caso Reconstrucción”, tras el terremoto de 2016, que incluye a otros dos ex funcionarios. Ante la insistencia de la fiscalía, el juez Luis Rivera, quien había solicitado autorización a la Asamblea Nacional para enjuiciar penalmente al ex vicepresidente, fijó la fecha.

La víspera el Legislativo no obtuvo los votos para aprobar su pedido. La fiscalía ya había advertido la noche del jueves que “no es necesaria la autorización del organismo Legislativo”, pues el proceso de investigación de ese caso inició cuando Glas ya no estaba en funciones.