Ciudad de México. Alguna vez casi impenetrable para los migrantes que se dirigen al norte desde Latinoamérica, la jungla entre Colombia y Panamá se convirtió este año en una ruta rápida pero peligrosa para cientos de miles de personas de todo el mundo.

Motivados por crisis económicas, represión gubernamental y violencia, migrantes desde China hasta Haití deciden arriesgarse a pasar tres días entre lodo profundo, ríos caudalosos y bandidos. Lugareños emprendedores ofrecen guías y porteadores, instalan campamentos y venden suministros a los migrantes, utilizando pulseras codificadas por colores para saber quién había pagado qué.

Habilitados por las redes sociales y el crimen organizado colombiano, más de 506.000 migrantes —casi dos tercios venezolanos— habían cruzado la selva del Darién para mediados de diciembre, el doble de los 248.000 que establecieron un récord el año pasado. Antes de eso, el récord fue de apenas 30.000 en 2016.

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Dana Graber Ladek, directora en México de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, dijo que los flujos de migración a través de la región este año fueron “números históricos que nunca habíamos visto”.

Y no fue sólo en Latinoamérica.

En Washington, el debate ha pasado de los esfuerzos de principios de año para abrir nuevas vías legales, a medidas para mantener a los inmigrantes fuera, ahora que los republicanos intentan aprovechar el esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden para obtener más ayuda para Ucrania para reforzar la frontera sur de Estados Unidos.

Estados Unidos comenzó el año abriendo espacios limitados a venezolanos —así como a cubanos, nicaragüenses y haitianos— en enero para que ingresaran legalmente por dos años con un patrocinador, mientras expulsaba a México a quienes no calificaban. Su número disminuyó un poco durante un tiempo antes de volver a aumentar con renovado vigor.

El venezolano Alexander Mercado llevaba apenas un mes de regreso en su país tras perder su trabajo en Perú cuando él y su pareja decidieron partir hacia Estados Unidos con su hijo pequeño.

El salario mínimo de Venezuela equivalía entonces a unos 4 dólares al mes, mientras que 1 kilogramo (2,2 libras) de carne de res costaba unos 5 dólares, comentó Angelis Flores, su esposa de 28 años.

“Imagina cómo sobrevive alguien con un salario de 4 dólares al mes”, dijo ella.

Mercado, de 27 años, y Flores ya estaban en camino cuando en septiembre Estados Unidos anunció que otorgaría estatus legal temporal a más de 470.000 venezolanos que ya se encontraban en el país. Semanas después, el gobierno de Biden dijo que reanudaría los vuelos de deportación a la nación sudamericana.

Mercado y Flores caminaron por el muy transitado sendero a través de la jungla durante tres días. Flores y su hijo, en particular, enfermaron seriamente. Ella cree que se infectaron por el agua contaminada que bebieron en el camino.

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Flores recuerda que había un cuerpo en medio del río y que pájaros negros se lo estaban comiendo.

Para Mercado y Flores, el viaje se aceleró una vez que salieron de la selva. En octubre, Panamá y Costa Rica anunciaron un acuerdo para acelerar el paso de los migrantes por sus países. Panamá los transportaba en autobús a un centro en Costa Rica donde eran retenidos hasta que pudieran comprar un boleto de autobús a Nicaragua.

Nicaragua también pareció optar por acelerar el paso de los migrantes por su territorio. Mercado dijo que cruzaron en autobuses en un día.

Tras descubrir que Nicaragua tenía requisitos de visa laxos, cubanos y haitianos llegaron a ese país en vuelos chárter con boletos de ida y vuelta que nunca pretendieron utilizar. Ciudadanos de países africanos tomaban varios vuelos de conexión por África, Europa y Latinoamérica para llegar a Managua y comenzar a viajar por tierra hacia Estados Unidos, y así evitar la región del Darién.

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En Honduras, Mercado y Flores recibieron un pase de las autoridades que les otorgaba cinco días para cruzar el país.

Adam Isacson, analista que rastrea la migración en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que Panamá, Costa Rica y Honduras otorgan a los migrantes estatus legal mientras transitan por esos países, que tienen recursos limitados; y al permitir que los migrantes pasen legalmente, los hacen menos vulnerables a la extorsión de las autoridades y de los contrabandistas de personas.

Luego están Guatemala y México, a los que Isacson llamó los “países ‘vamos a hacer que parezca que te bloqueamos’”, en su intento por sumar puntos con el gobierno de Estados Unidos.

Para muchos eso ha significado gastar dinero para contratar contrabandistas para cruzar Guatemala y México, o exponerse a repetidos intentos de extorsión.

Mercado no contrató a un contrabandista de personas y pagó el precio. Fue “muy difícil atravesar Guatemala”, dijo. “La policía seguía quitándonos dinero”.

Pero esa fue sólo una probada de lo que estaba por venir.

Una tarde reciente, parada afuera de un refugio en Ciudad de México con su hijo, Flores relató todos los países que habían atravesado.

“Pero no te roban tanto, ni te extorsionan tanto, ni te regresan tanto como cuando llegas aquí a México”, dijo. “Aquí comienza la verdadera pesadilla, porque apenas entras te empiezan a quitar mucho de tu dinero”.

El sistema migratorio mexicano se sumió en el caos el 27 de marzo, cuando inmigrantes detenidos en un centro de detención en la ciudad fronteriza de Juárez, al otro lado de El Paso, Texas, prendieron fuego a colchones dentro de su celda en aparente protesta. La espuma altamente inflamable de los colchones llenó la celda con un humo espeso en un instante. Los guardias no abrieron la celda y 40 inmigrantes murieron.

El director de la agencia de inmigración está entre varios funcionarios acusados de delitos que van desde negligencia hasta homicidio. La agencia cerró 33 de sus centros de detención más pequeños mientras realizaba una revisión.

Al no poder retener a muchos migrantes, México los hizo circular por todo el país utilizando detenciones breves y repetidas, cada una de ellas, una oportunidad para la extorsión, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), una organización no gubernamental de servicios legales. Los defensores la llamaron “política de desgaste”.

Mercado y Flores llegaron hasta Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, donde fueron detenidos, retenidos durante una noche en un centro de migración en la ciudad fronteriza de Reynosa, y luego trasladados en avión a la mañana siguiente 1.046 kilómetros (650 millas) al sur hasta Villahermosa.

Allí fueron liberados, pero sin sus celulares, cordones de los zapatos ni dinero. Mercado tuvo que esperar a que su hermano les enviara 100 dólares para que pudieran intentar regresar a Ciudad de México por una ruta indirecta que les obligó a viajar en camión, motocicleta y hasta a caballo.

A finales de noviembre, acababan de regresar a Ciudad de México nuevamente. Esta vez Mercado estaba decidido: no abandonarán la capital de México hasta que el gobierno de Estados Unidos les otorgue una cita para solicitar asilo en un puerto de entrada fronterizo.