San Cristóbal de Las Casas, Chis. La diócesis de San Cristóbal afirmó que en Chiapas “estamos viviendo en medio de grupos criminales que se disputan el territorio poniendo a la sociedad civil como barrera humana, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”.

En un documento firmado por los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, así como por el vicario Miguel Ángel Montoya Moreno y la canciller María Reyes Arias Sarao, exigió el “restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil y el desarme inmediato de los grupos criminales”.

Añadió que “las voces de nuestros pueblos están siendo silenciadas por la violencia, las armas y la intimidación”, al tiempo de señalar que “el crimen organizado mantiene a los pueblos sitiados, secuestrados, intimidados y amenazados, vulnerándolos cada día más”.

Dijo que “desde hace más de dos años la región fronteriza-sierra sufre los azotes de la violencia manifestada en amenazas, hostigamientos, cobro de piso, intimidaciones, desapariciones, secuestros, asesinatos, despojo de bienes materiales, ‘retenes’, ‘cobro de paso’, el saqueo y explotación minera que aún continua bajo amenazas e intimidaciones a autoridades ejidales y comunidades con la presencia de personas armadas y un sinfín de violaciones a los derechos humanos y colectivos”.

Expresó que “vemos, escuchamos, sentimos y acompañamos el dolor, el sufrimiento y el grito desesperado de paz de mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y ancianos que están padeciendo esta situación sin que hasta el momento hayan sido respondidas sus demandas de seguridad, de justicia y paz”.

Manifestó su “enorme preocupación por la situación actual en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Motozintla, El Porvenir, Bella Vista, La Grandeza, Altamirano, Maravilla Tenejapa y otros silenciados por las armas”.

La diócesis indicó que “a esto suma el llamado urgente ante el desalojo que provoca la violencia ejercida contra las comunidades de estos municipios; existen cientos de familias que han tenido que salir de sus hogares por amenazas y porque en su lugar de origen ya no es posible vivir dignamente, hay una migración constante que se va acrecentando cada día”.

Aseguró que “gente armada a bordo de camionetas, de Urvans y motocicletas ingresan a diversas comunidades sacando a la gente de sus casas; en otras comunidades se dirigen a las autoridades ejidales amenazándolos de muerte e intimidándolas para que se sumen a su organización criminal, también han hecho descargas de sus armas frente a la población para aterrorizarlos y hagan lo que ellos les piden”.

En todos los ejidos, remarcó, “han exigido a las autoridades que les den una lista de la gente que allí vive y que dicen formarán parte de ellos y así puedan quedarse en su comunidad y los que no quieran unirse a ellos serán expulsados de la comunidad”, además de que “amenazan con matar a las autoridades por no convencer a la población; algunas autoridades han huido por esta violencia y amenazas”.

Afirmó que “las comunidades han platicado y expresado su deseo de estar libres, de no pertenecer a ningún grupo criminal, exigen vivir en paz y en armonía. Nos duele la incertidumbre, la inseguridad y el dolor con que muchas familias viven esta situación sin ser escuchadas, sin tener a quien o donde se atiendan sus demandas, pues en otras ocasiones al denunciar han quedado vulneradas, por estar algunas personas pertenecientes a las instituciones de seguridad y justicia del Estado coludidas con los grupos criminales, y por tanto después de denunciar han sido hostigadas y han tenido que dejar sus hogares y sus pertenencias que tanto les ha costado”.

También dijo que “los habitantes de la región expresan que no alcanzan a comprender como habiendo presencia del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y policía estatal en la región no hay seguridad ni disminución de los actos violentos”.

Finalmente, manifestó su temor “por la vida de tantas hermanas y hermanos, por las comunidades y pueblos de esta zona fronteriza y de otras partes del estado de Chiapas”, por lo que hizo “un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, para que logren la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos favoreciendo el Estado de derecho; la recuperación del territorio para que las familias de la región estén en su propia tierra, la trabajen con normalidad y vivan con seguridad, paz y tranquilidad; la expedición de declaratoria oficial contra la explotación minera y demás bienes naturales”.