Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, eligió Barcelona y al presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, el republicano Pere Aragonès, para celebrar su primera reunión con un mandatario regional desde que fue relegido en el cargo.

Ambos líderes políticos abordaron las cuestiones clave en las relaciones entre España y Cataluña: la financiación autonómica, la futura ley general de amnistía, el traspaso de las competencias en el ingreso mínimo vital y en la red ferroviaria de Cercanías, y en la ampliación del reconocimiento de las lenguas cooficiales -el catalán, el gallego y el euskera- en el conjunto de la administración del Estado.

En su discurso, el presidente Sánchez instó a Aragonès a ser más “pragmático” y no centrar su discurso en la reivindicación de un referendo de independencia para avanzar en otras cuestiones relacionadas con el financiamiento público de la región, una de las más endeudadas del país. El mandatario español confirmó además que el Estado se hará cargo del 20 por ciento de la deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Financiación Autonómica.

“El Estatut de Autonomía recoge la opción del desarrollo de la Agencia Tributaria . Estamos dispuestos a trabajar en ello. Lo que tenemos que hacer es avanzar en un acuerdo que pasa por reforzar el autogobierno de Cataluña. Y, en ese contexto, dentro de la Constitución, podemos hablar de reforzar la financiación autonómica, del autogobierno y la lengua. La Hacienda Tributaria está en el Estatut y falta desarrollarla”, señaló Sánchez, en un mensaje en el que recogía una parte de las reivindicaciones del nacionalismo catalán, que es la configuración de un sistema tributario similar al que existe en el País Vasco, en el que todo lo que se recauda en la región se queda ahí y no se redistribuye en otras comunidades autónomas.

Aragonès insistió en su petición del reconocimiento al derecho de autodeterminación: “Se nos dice que el referéndum no es posible, como se nos decía que no lo era la amnistía”, le espetó, al tiempo que exigió una ampliación de los derechos lingüísticos de las regiones con lengua propia, como son Cataluña, el País Vasco y Galicia, sobre todo en el conjunto de la administración pública del Estado.