Quito. El parlamento de Ecuador rechazó hoy un nuevo enjuiciamiento penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra como huésped en la embajada de México y, según sus abogados, solicitará asilo político debido a la persecución.
Solamente 44 asambleístas votaron a favor de la solicitud del juez Luis Rivera de continuar con el proceso contra el ex vicemandatario y 48 se pronunciaron en contra.
La vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana (RC), aclaró que no fue ilegal la votación en el pleno del legislativo, que actuó dentro de su competencia y aclaró que el resto del trámite corresponde al poder judicial.
Existían discrepancias sobre si correspondía al parlamento pronunciarse sobre un procedimiento contra quien ya no está en funciones.
La también asambleísta de la RC Esther Cuesta argumentó por qué aún el antiguo vicepresidente necesita autorización de la Asamblea para procesarlo, esta vez por el caso denominado Reconstrucción de Manabí, dónde es señalado por presunto peculado.
Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), ingresó desde el pasado domingo en la legación diplomática de México en Quito luego de que la Fiscalía General pidiera su comparecencia para investigaciones.
Ese día la cancillería ecuatoriana advirtió al gobierno de México en una nota verbal que conceder asilo a Glas no sería lícito.
“Ecuador exhorta a las autoridades mexicanas a que inviten al señor Glas a cooperar con las autoridades policiales y se encuentra expectante de la cooperación que México brinde para tal efecto”, dijo la cancillería ecuatoriana en su cuenta de X.
El político, integrante de la RC, es considerado uno de los símbolos del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Moreno contra seguidores de Correa obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
