La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales con sede en Toluca, estado de México, confirmó la prisión preventiva en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, luego de que un colegiado determinó que tenía que analizar la modificación de la prisión oficiosa dictada.

A pesar de que la defensa argumentó que no debía decretarse de manera automática, sino que tenía que discutirse, la impartidora de justicia sostuvo que el delito de desaparición forzada que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó se cometió cuando estaba vigente el sistema penal inquisitivo, motivo por el cual, sostuvo, la prisión preventiva se tenía que decretar en automático.

La defensa de los militares estaba confiada en que se modificaría la prisión oficiosa y se ordenaría la libertad de sus clientes por no existir riesgo de fuga, pues está el antecedente del cambio de medida cautelar decretado en favor del general Rafael Hernández, quien desde agosto pasado enfrenta su proceso penal fuera de prisión, luego de que un juez de amparo le concedió la protección de la justicia federal.

En junio de este año, la FGR pidió que declarara Juan, uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, quien se convirtió en testigo protegido. Sostuvo que los militares no auxiliaron a los estudiantes para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos. El testimonio sirvió para que se les dictara la formal prisión y se decretara la prisión oficiosa.

Los abogados promovieron un recurso de revisión ante el primer tribunal colegiado en materia penal, que ordenó a la jueza revisar la medida cautelar contra los militares y emitir una nueva resolución.

El fallo de la impartidora de justicia fue en acatamiento precisamente al amparo que el colegiado les otorgó a Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Al aceptar la sentencia de amparo, la jueza ratificó la prisión contra los militares, quienes permanecerán en la cárcel del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional.