Alentar el miedo a la ciudadanía se ha convertido en estrategia de campaña de la candidatura presidencial opositora. Ante cualquier evento de violencia en el país, la abanderada del PAN, PRI y PRD y sus huestes despotrican en contra de la estrategia de seguridad sin más argumento que la acusación carente de aportación al problema que, hay que decir, ellos mismos crearon y hoy hasta parece convenirles.
La madrugada del domingo 17 de diciembre fue masacrado un grupo de jóvenes que disfrutaban de una posada en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, estado panista que desde hace años se mantiene en primer lugar en homicidios dolosos y cuyo fiscal, Carlos Zamarripa, lleva 13 años en el cargo a pesar de que su entidad es la más violenta de la República, es tierra donde lo único que parece estar organizado es el crimen.
La administración en Guanajuato, como todos los gobiernos estatales, tiene la obligación constitucional, compartida con el gobierno federal, de prevenir el crimen y con él los secuestros, extorsiones, robos y, entre otros delitos de impacto social, los asesinatos. Un gobierno estatal no puede ignorar su responsabilidad y obligación de combatir a la delincuencia, organizada o no, y de garantizar paz a la ciudadanía.
Desde la campaña de Xóchitl Gálvez su vocero, Max Kaiser, publicó un mensaje en redes sociales en el que, llamando imbéciles miserables vaya usted saber a quienes (ya ve que ahí las groserías son el lenguaje “xingón”), argumenta que los asesinatos, secuestros y extorsiones perpetrados por el crimen organizado son del ámbito federal, por tanto, lo sucedido en Salvatierra sería responsabilidad exclusiva del Presidente –a quien llama nada más López, como si ello fuera un insulto– y su gobierno. El mensaje continúa con un lenguaje tan florido como el de cualquier perico de Alvarado o dirigente priísta, para finalmente acusar que a las autoridades federales no les importa la vida de las personas y que utilizan al crimen como discurso político.
Pero el discurso político viene de otro lado, del mismo que en esta ocasión lo acusa y utiliza la tragedia con fines politiqueros. Un estado de la República, en este caso Guanajuato, no puede lavarse las manos ante un crimen cometido en su propio territorio. Argumentar que no es ámbito de su competencia resulta, además de falso, irresponsable. Bien lo señala el abogado César Gutiérrez Priego: el Poder Judicial determina, a través de un juez, la competencia del fuero común o federal en la comisión de un delito; de lo contrario, por ejemplo, las fuerzas de seguridad estatales o municipales se verían impedidas a detener algún delincuente bajo el falaz argumento de que utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y que, por ese hecho, se trataría de un delito del ámbito federal.
Mucho hace falta en México una oposición seria, esa que necesita cualquier país democrático y que debe ser un contrapeso que abone y anteponga el interés ciudadano a sus ambiciones particulares. En materia de seguridad, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene mucho que hacer y ajustar en su estrategia, pero a diferencia de la oposición cuenta con un proyecto y entiende la necesidad de combatir las causas del crimen para poder erradicarlo.
Se requiere mucho mayor celeridad –mientras se construyen y consolidan los programas que atienden las razones por las cuales los jóvenes deciden irse a la mañana con todo el riesgo que para ellos y sus familias implica– para detener la oleada de crimen y violencia que aqueja a distintas zonas del país. No se le puede decir a la familia de unos jóvenes masacrados en Guanajuato que la pérdida de los muchachos es un hecho aislado, tampoco a la comunidad de Texcaltitlán, en el estado de México, o a otras que a lo largo del territorio sufren el cobro de derecho de piso bajo la amenaza de muerte en caso de no pagarlo. Para lograr esa celeridad se requiere de una coordinación intergubernamental que algunos gobernadores de oposición rechazan sospechosamente, vaya usted a saber qué encontrarían las fuerzas federales en sus cajones personales si se ponen a investigar.
Ante la falta de discurso –sobe todo cuando se apaga el prompter–, la ausencia de proyecto ciudadano y la evidente baja popularidad de Xóchitl Gálvez incluso dentro de la misma oposición, no sería de extrañar que se diera la temida colusión, de nuevo, entre grupos de poder políticos y organizaciones criminales con la intención de desestabilizar al país y con ello crear situaciones de crisis con miras a la elección de 2024. Se ha preguntado usted, ¿a quién le conviene políticamente que exista en la ciudadanía la percepción de inseguridad?
