Buenos Aires. A horas de que comience la primera movilización contra las políticas de shock del gobierno ultraderechista de Javier Milei aplicadas contra los más vulnerables y los trabajadores, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó ayer la aplicación del nuevo protocolo para mantener el orden público, que apunta a la represión de los bloqueos durante protestas y toda clase de movilización, como la convocada por la Unidad Piquetera para marchar hoy a la Plaza de Mayo en memoria de las víctimas de la represión en el estallido social del 20 de diciembre de 2001.

En esa fecha, miles y miles de manifestantes salieron a las calles con un cacerolazo que comenzó el 19 de diciembre, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa anunció un estado de sitio que produjo la reacción de un pueblo cercado por la mayor crisis de la historia argentina.

Bullrich, quien en 2001 era funcionaria del gobierno de De La Rúa, ratificó que aplicará el protocolo con la presencia de policías, gendarmes, prefectos y seguridad aeroportuaria, mientras Milei continúa enviando Decretos de Necesidad y Urgencia, lo que afecta gravemente la situación de la población violando las normas constitucionales y los tratados internacionales al criminalizar la protesta social.

También se amenaza abiertamente con el espionaje contra las dirigencias sociales, sindicales y políticas, a lo que se añaden medidas internacionales que degradan la política exterior a 40 años del comienzo del proceso democratizador, después de la última y cruenta dictadura cívico-militar (1976-1983).

Por otra parte, la canciller Diana Mondino, por orden directa de Milei, decidió que no designará embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que no sólo impactó a escala nacional sino también en el ámbito internacional, al afectar el esfuerzo de unidad latinoamericana y caribeña, y especialmente las relaciones con países como México, Brasil y Colombia, entre otros.

En el mismo plano de la política exterior, la decisión del presidente Milei de regalar dos helicópteros de fabricación rusa a Ucrania, que volaban entre el continente y la Antártida, además de dos barcos con ayuda de alimentos y otros a ese país, contrasta en las últimas horas con su actitud ante la muerte de 13 personas y daños gravísimos provocados por tormentas huracanadas y tornados en esta capital y la provincia de Buenos Aires.

En su visita a la ciudad más afectada, Bahía Blanca, Milei, habló el domingo de solidaridad, pero dejó en claro que esperaba que la situación se resolviera con los recursos existentes, desvinculando al Estado nacional de sus funciones como tal, lo que ahora se compara con su actitud hacia Ucrania.

En tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la peronista Unión por la Patria, advirtió que no aplicará hoy el protocolo de Bullrich. No lo vamos a hacer porque no estamos de acuerdo. Criminaliza la protesta... me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido todos estos años de democracia, expresó el ministro bonaerense de Gobierno, Carlos Bianco. Esto fue después que Bullrich advirtió que las fuerzas a su cargo van a intervenir si hay bloqueos, sean parciales o totales.

Además, Bullrich amenazó con detener a las personas que viajen en los trenes, supuestamente para asistir a la marcha; se le sacarán fotografías, habrá requisas, como si se estuviera bajo una dictadura militar.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettobello, ratificó que quitará las ayudas económicas a aquellas personas beneficiarias de planes sociales que participen en la protestas, y a las dirigencias.

Ayer se presentó ante la justicia un habeas corpus contra la aplicación del protocolo de Bullrich, encabezado por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y dirigentes del Partido Obrero, donde se advierte sobre cómo las amenazas de la ministra Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Los que incurrirán en un acto ilegal no son los trabajadores desocupados que ven la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social, sino la ministra y el gobierno, señalando además todas las violaciones a la Constitución y a tratados internacionales.

A su vez, centrales sindicales, movimientos sociales y organismos de derechos humanos denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el protocolo de seguridad.

Por otra parte, en la primera reunión de Milei con los gobernadores de las provincias, éstos le expusieron una serie de situaciones que deben resolverse. La Liga de Gobernadores peronistas, integrada por los mandatarios de Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, Tucumán, Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego y Santiago del Estero, advirtió sobre las graves consecuencias de intentar imponer nuevamente el impuesto a las ganancias, que deberán pagar los trabajadores, y que propuso el ministro de Economía Luis Caputo, y que atribuyó a los gobernantes el pedido para volver a imponer este gravamen.

Hace dos meses, el Congreso aprobó una reforma al impuesto a las ganacias, por el que 99.2 por ciento de los trabajadores no tendrían que pagarlo, y en su paquetazo Milei revocó esa medida, aunque su vocero Manuel Adorni aseguró que será por un cortísimo plazo.

Seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como la coparticipación del impuesto al cheque (se aplica detrás de cada movimiento bancario que hacen personas o empresas), subrayan los gobernadores peronistas en un comunicado, en el cual advierten sobre las consecuencias de la devaluación.

Al respecto, con la firma de 22 gobernadores se ha presentado un proyecto de ley que dispone la coparticipación de 70 por ciento del impuesto al cheque, indica el documento firmado por los gobernadores opositores a Milei.