Por su parte, las organizaciones estadunidenses Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Texas Civil Rights Project, presentaron ayer mismo una demanda contra el estado de Texas por considerar que la ley referida es anticonstitucional y viola la legislación federal.

En efecto, las disposiciones promulgadas el lunes por Abbott invaden la competencia exclusiva de Washington en materia de migración y constituyen una inequívoca violación a las garantías individuales y a los derechos humanos. Cabe considerar, a este respecto, que en caso de aplicarse, esta legislación texana –que empezaría a ser empleada a partir de marzo del año próximo– colocaría automáticamente como posible víctima de persecución policial a cualquier persona cuyas características físicas correspondan, a juicio de los agentes, a nacionalidades latinoamericanas, africanas o asiáticas. Es, por ello, una abominación racista que resulta inaceptable no sólo para las naciones situadas al sur del río Bravo, sino también para buena parte del mundo, e incluso para amplios sectores de la propia sociedad estadunidense que no desean ver reinstaurada en su país la discriminación racial legalizada.

Como ha señalado en diversas ocasiones el mandatario mexicano, esta clase de acciones de Abbott y de otros exponentes de la ultraderecha en Estados Unidos tiene un inconfundible propósito electorero y suele exacerbarse cada vez que se aproximan unos comicios presidenciales: los alardes de xenofobia y racismo están dirigidos a movilizar las fobias y las paranoias de segmentos de la población para los cuales todos los grandes problemas de la superpotencia, ya sea la epidemia de adicciones o la falta de empleos, tienen origen externo; basta con recordar que hace unos días el ex presidente Donald Trump –quien aspira a ganar la elección del año entrante y volver al cargo– acusó a los inmigrantes de envenenar la sangre de Estados Unidos, una expresión característica del fascismo.

Lo cierto es que las acciones y los exhortos en contra de los trabajadores extranjeros por parte de aspirantes a algún cargo tienen una mentalidad racista y xenófoba que no es exclusiva de los republicanos más cavernarios, sino que está hondamente enraizada en muchos ámbitos sociales y gubernamentales de Estados Unidos. Baste con mencionar, como ejemplo de ello, la catastrófica determinación del secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden, Alejandro Mayorkas, de detener los cruces ferroviarios en Eagle Pass y El Paso con el pretexto de combatir el tráfico de drogas y perseguir a migrantes. La medida ha causado ya un desastre económico que involucra la detención, en plena temporada navideña, de casi 10 mil vagones ferroviarios repletos de mercancías, con las consiguientes afectaciones a la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y los consumidores. Semejante desbarajuste no sólo muestra que Mayorkas no logra comprender los fenómenos de la migración y de la epidemia de adicciones en su país, sino que su obsesión ante amenazas externas que tienen mucho de imaginaria –porque la migración no lo es y la drogadicción masiva tiene causas mucho más profundas que el trasiego internacional de fentanilo– lo conduce a un despropósito de graves consecuencias económicas y comerciales.

Es probable, finalmente, que la Suprema Corte de Justicia de esa nación termine por invalidar las odiosas disposiciones de Abbott; pero, por desgracia, la mentalidad racista y fóbica de millones de estadunidenses no podrá ser derogada mediante un fallo judicial.