Con un muy importante traslape de sus facultades constitucionales, y cierto uso excesivo de su fuerza política, el pasado 14 de diciembre el Presidente de la República mostró su agenda: “Yo estoy ahora a cargo de la investigación, pues es también parte de mi profesión, me dedico a investigar, siempre me he dedicado a investigar.
Y ahora con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo: declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto.
“Una, ¿cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos, pero además que están asesorando a los pa dres de los muchachos, no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados y estas organizaciones de que se castigara a quienes inventaron la llamada ‘verdad histórica’?
“Los mismos defensores de derechos humanos, que están pidiendo justicia para los jóvenes, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados, o no, salgan libres, todos libres, cuando hay evidencias de que sí habían participado, cuando había pruebas de que sí participaron y los dejan libres. Pero la sentencia para dejarlos libres la hacen asesores de derechos humanos, no es una sentencia hecha por abogados, sino toda la argumentación tiene que ver con derechos humanos, se las hacen.”
Por otra parte, señaló que el juez que liberó a detenidos no aplicó de manera correcta el Protocolo de Estambul sobre tortura, cuestión que, de ser el caso, se debería haber impugnado en tiempo y forma. También el Presidente intentó sin éxito que la nueva responsable sobre desapariciones ahí presente, Teresa Guadalupe Reyes, le confirmara otra de sus acusaciones: “¿te impugnó, el Prodh?” Su respuesta, ciertamente honesta: “No tengo el dato específico, sé que hay algunos amparos o un amparo por lo menos, se está atendiendo”. Concluyó el Presidente: “Lo que quiero es que los padres sepan, porque los padres no saben esto que les estoy diciendo”.
Y comunicó que el actual subsecretario de Derechos Humanos se reuniría con ellos al día siguiente para explicarles (versión estenográfica 14/12/23). El Centro Pro de inmediato emitió un comunicado señalando que los dichos presidenciales son falsos y la Compañía de Jesús hizo lo propio reivindicando la trayectoria del centro y respaldando a los dos directores laicos de su última etapa.
El Centro sugirió que el encono presidencial puede tener que ver con el tema de la militarización y en efecto lo abordó hace seis meses en los siguientes términos: “Les hacía yo el cuestionamiento a los de la organización de derechos humanos, del Prodh, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha.
Y ahora que llegamos nosotros, que siempre, no de hace 10 años, 20 años, 30 años, no, desde hace 40 años o más estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia. “Es el mismo caso sobre la militarización, el acusar de que estamos militarizando el país, lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública, y lo hacían y participaban en operativos de seguridad pública, entonces no decían nada, el país no estaba militarizado.
“Apenas planteamos, mediante una reforma constitucional, utilizar a las fuerzas armadas, por su profesionalismo, por el número de elementos, por su honestidad –en muchos casos, porque son muy pocos los malos elementos de las fuerzas armadas y que además son castigados, porque no hay impunidad para nadie– a partir que decidimos crear la Guardia Nacional para garantizar en Tamaulipas y en todo el país la seguridad, empieza una campaña, ¿no?, en contra: ‘¡Se está militarizando!” (versión estenográfica de la mañanera, 1/6/2023) Cual corolario, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, concedió entrevista al salir de la reunión referida y afirmó: “Que nos digan que no hay avances, que no hay nada, pero que no descalifiquen o busquen culpables de la falta de resultados.
El Presidente nos debe cumplir la promesa que hizo de localizar a nuestros hijos, pero a medida que pasan los meses no se ve claro, y ahora sólo buscan responsabilizar a alguien más, cuando el culpable de todo son las fuerzas armadas”. Agregó que “junto a ellas el responsable es Peña Nieto” (La Razón, 16 /12/23). Lo dicho: en la Constitución, el Presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Ahí podría ejercer ese poder, no como Ministerio Público, que debe realizar una investigación apegada a sus facultades expresas. Embestida de alta preocupación.
