La iniciativa de reforma al Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará en los próximos días al Congreso de la Unión incluirá que los actuales ministros de la Corte sean sometidos a la evaluación y voto popular, al ser candidatos a mantenerse en el cargo.

-¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del pleno, que algunos ministros actuales no estuvieran en caso de aprobarse la reforma? -se le preguntó en la mañanera de este lunes.

-Yo estoy porque no se elimine a nadie, que puedan participar en la elección. Se establecen las reglas y si están en funciones, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúen o no. No es quitarlos, sino que sería el pueblo -respondió el mandatario federal.

Indicó que si bien analiza ya los alcances de su iniciativa de reforma, en este caso podría darse que los actuales miembros del Poder Judicial, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entren como candidatos y se sumen otros, “y el pueblo decide”.

“Lo mismo en el caso de jueces y magistrados, también para que no manipulen a los jueces, decir: 'Ya nos van a correr’. ¡No! Si están haciendo un buen trabajo, si son gente íntegra, profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos. Y puede ser que continúen, pero la gente va a saber también quiénes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como la de cuello blanco”.

López Obrador apuntó: “Para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial considero que lo mejor es que el pueblo elija, lo mejor es el método democrático”. Porque se consideran como una casta divina, una élite y están completamente divorciados del pueblo”.

Recordó que en un mes, por ejemplo, el ministro Javier Lainez Potisek tuvo tres determinaciones que beneficiaron a grupos de intereses creados:

El caso de la licencia para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien buscaba ser precandidato a la Presidencia; la suspensión de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial en los que se acumulan 15 mil millones de pesos, recursos que se iban a destinar para apoyar a los damnificados del huracán Otis; y el otorgar a una comercializadora de cigarros electrónicos una suspensión al decreto presidencial que prohibe su venta para que esa firma pueda comercializar los vapeadores.

“La verdad no tengo nada contra él (Laynez), no tengo nada personal, pero es que me sirve para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial, hasta me cae bien en lo personal, lo respeto”.