Chilpancingo, Gro. Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora Nacional de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, consideró que la propuesta del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de gravar las tierras comunales y ejidales en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2024 de esa entidad “es para privatizar y para que el ejido pague impuestos, ya sea con un título de propiedad, y el municipio y el estado incremente la captación fiscal”.

En entrevista, señaló que quien redactó dicha iniciativa no conoce la ley, porque “privatizar es obtener el dominio pleno de un terreno, es decir volver el ejido o los comunales en propiedad privada”.

Explicó que en Oaxaca, los núcleos agrarios, el ejido y la comunidad no quisieron certificarse; y ahora, con la propuesta de Jara Cruz, aprobaba por el Congreso local, “existe un desconocimiento pleno de la ley y por eso proponen la aprobación del Programa Certeza Jurídica de la Seguridad, y el Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidales y comunales”.

García Jiménez refirió que casi la mitad de los ejidos no están certificados, debido a que dicho proceso “cuesta mucho dinero”; apuntó que hay un programa del Registro Agrario Nacional (RAN), que apoya ese trámite, pero en Oaxaca son 853 ejidos y 735 comunidades, y si sumas los dos encontrarás que el 63 por ciento no está certificado, y por lo tanto, no pueden hacer ningún movimiento”.

Puntualizó que obtener el dominio pleno o privatizar el ejido es facultad del gobierno federal, y está regulado por la ley Agraria; por el Artículo 27 Constitucional; por las normas del RAN y la Procuraduría Agraria.

Recordó que un problema del campo en las últimas décadas ha sido la certidumbre jurídica, el rezago agrario y la privatización. “La Ley ( de Carlos)Salinas, en 1992, que modificó el Artículo 27 Constitucional, y creó la Ley Agraria, que habla de dos temas importantes, uno es el dominio pleno, para no decir privatización”.