Ciudad de México. El juez José Rivas González negó el cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad, por lo que continuará preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Luego de una audiencia de casi 12 horas, el impartidor de justicia rechazó los argumentos de la defensa.

El juez consideró que Lozoya Austin hizo valer su derecho a la defensa y por lo tanto no ha transcurrido el plazo de dos años sin que su proceso penal se desahogue, por lo que desechó el plantea-miento de la defensa.

El fiscal Manuel Granados aseguró que Lozoya Austin ha tratado siempre de evadir la justicia, dilatar el proceso y evadir su responsabilidad, por lo que reiteró la posición de la FGR en cuanto a que el ex funcionario no debe gozar de libertad condicional.

Evitó ser extraditado, pisar la cárcel, contener su vida social y que el caso se llevara a una audiencia intermedia, sostuvo.

Durante la argumentación de los fiscales se señaló que Lozoya Austin ha buscado pagar lo menos al gobierno mexicano en cuanto a lo que se le ha solicitado como reparación del daño causado a Pemex tras haber recibido 10.5 millo-nes de dólares de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

Para demostrar que Lozoya ha tratado de evitar pagar la reparación del daño, el fiscal señaló que en el caso de Agronitrogenados el ex funcionario se colgó de un acuerdo reparatorio de otra persona, en referencia al convenio firmado por Alonso Ancira, ex accionista principal de Altos Hornos de México (AHMSA).

En sus argumentaciones, los fiscales reiteraron que Lozoya ha buscado la dilación del proceso y no ha tenido voluntad para llegar a un acuerdo reparatorio.

En su oportunidad, Lozoya intervino y afirmó que el caso Odebrecht se trata de un asunto de injerencia política, ya que, según él, se le mantiene en prisión preventiva con base en pruebas prohibidas de origen en otros países, señaladas como improcedentes y obtenidas mediante tortura y violación al debido proceso.

El abogado Ontiveros, sin mencionar nombres, reveló que representantes de Pemex y de la unidad de Inteligencia Financiera trataron de extorsionar a su defendido y le solicitaron en lo oscurito 30 millones de dólares para que obtuviera un convenio que lo librara de los procesos penales en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Antes de que se diera a conocer la resolución del juez, el abogado Ontiveros Alonso afirmó que su cliente debe recuperar su libertad, pues ya ha pasado dos años en prisión sin que se le dicte sentencia y ha cumplido con todos los procedimientos. Constitucionalmente, cuando no se dicta sentencia en el plazo de dos años, el inculpado puede solicitar ser puesto en libertad para enfrentar en esa condición su proceso penal, dijo.

La fiscalía reiteró la postura de que existe el riesgo de que Lozoya Austin se evada de la justicia y, por lo tanto, se le debe mantener la prisión preventiva justificada.