Cuernavaca, Mor. Uriel Carmona Gándara afirmó ayer que no va a dimitir como fiscal general de Morelos, a pesar de que la Cámara de Diputados federal le retiro el fuero el pasado miércoles, para que sea juzgado por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista radiofónica señaló que las circunstancias lo pusieron ahora en medio de pugnas políticas de gran talante, pero advirtió que si lo detienen por las acusaciones que se le imputan sería aberrante, pues según el punto de acuerdo aprobado la madrugada del jueves por el Congreso local el desafuero no fue homologado a nivel estatal, con base en el artículo 111 de la Constitución mexicana.

Además de esta entrevista que concedió Carmona Gándara a un medio nacional, la fiscalía estatal no se ha pronunciado sobre el tema y el último acto que encabezó Carmona en Morelos fue el 4 de diciembre en la 24 Zona Militar; desde entonces no ha tenido agenda pública.

No tengo pensado dimitir al cargo, aseguró el fiscal. Dijo que confía en que en algún momento impere la razón, pues él está dispuesto a terminar el periodo de nueve años para los que fue nombrado en 2018, cuando era gobernador el perredista Graco Ramírez.

Soy autoridad de un estado y las circunstancias me han puesto en medio de pugnas políticas de gran talante; pero la disciplina que debemos tener los titulares constitucionales autónomos es no meternos en temas políticos, pues precisamente en eso se basa la autonomía de las instituciones, recalcó.

Ante la posibilidad de que sea arrestado a consecuencia de la declaración de procedencia solicitada en su contra por el agente del Ministerio Público (MP) de la Federación, por su presunta responsabilidad en los delitos citados, señaló que eso sería impensable, aberrante y violaría la Constitución, porque la 55 Legislatura local rechazó el desa-fuero con base en jurisprudencias.

“Esto deriva del artículo 111 constitucional, que es advertir que procesos de ese tipo no se promueven contra un servidor público estatal por un supuesto delito federal.

Primero resuelve la Cámara (de Diputados) de manera declaratoria, pero la decisión final la tiene la legislatura local y así ha ocurrido en otros estados; hay antecedentes claros donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en la aplicación del artículo 111 de la Constitución; entonces no hay duda en lo jurídico, refirió.

Carmona añadió que las opiniones contrarias son respetables, sobre todo en el plano político se siguen reglas diferentes en relación con esas manifestaciones, pero en lo jurídico no hay duda, el Congreso de Morelos se apoyó en el proceso establecido en la Constitución y yo sigo obligado a cumplir con mi responsabilidad y lo hago todos los días.

Aparte de los delitos por los que el MP federal solicitó su desafuero, Carmona Gándara enfrenta cuatro procesos penales en libertad; uno de ellos por retrasar la impartición de justicia en el caso de Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla. También fue acusado de encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en la modalidad de auxiliador, en relación con el mismo asunto.

Estas tres imputaciones fueron fincadas por la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

Además está vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Luis Alberto N, alias El Diablo; en un principio la Fiscalía Anticorrupción estatal solicitó y ejecutó la orden de arresto, pero cuando intentó desistirse ante el juez, la Fiscalía General de la República retomó el caso.