Cuernavaca, Mor. En abierto rechazo a la determinación de la Cámara de Diputados federal, que quitó el fuero al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, para que sea juzgado por varios delitos, el Congreso local aprobó, por mayoría de votos, un acuerdo para mantenerlo en el cargo, que no procedan las órdenes de aprehensión en su contra y cumpla su gestión hasta 2027.

Así, en lugar de ponerlo a disposición del Ministerio Público federal, como lo ordenó la cámara baja, la Legislatura estatal rehusó homologar la declaración de procedencia emitida por los diputados federales y aseguró que ninguna autoridad podrá iniciar un procedimiento penal contra Carmona.

Para el abogado constitucionalista Miguel Ángel Rosete Flores esta decisión puede traer responsabilidades para los 12 legisladores que aprobaron el acuerdo de no homologación, “porque no dieron cumplimiento a una ejecutoria; simplemente dijeron ‘no homologamos el criterio del Congreso de la Unión’, pero no era tratar de homologar o no”. Según él, el desafuero de Carmona está firme.

La madrugada de ayer, 12 de 20 legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, el local Morelos Progresa (MP) y tres de Morena votaron el acuerdo propuesto por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado de la 55 Legislatura estatal. Seis sufragaron en contra y dos estuvieron ausentes.

La diputada de MP Marguis del Rayo leyó el acuerdo, en el cual afirmaron que no procede la homologación emitida por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión dentro del expediente SI/LXIV/DP/02/2020 seguido en contra de Uriel Carmona, fiscal de Morelos.

Por ello, contrario a lo determinado el miércoles en la Ciudad de México, en el estado no ha lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público.

Asimismo, puntualiza que no es posible “retirar la protección o inmunidad procesal penal que le conceden la Constitución federal, la del estado y la Ley Estatal de Servidores Públicos al titular de un órgano al que la Constitución estatal otorga autonomía.

Las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o proseguir un procedimiento penal en su contra y más aún de ejecutar cualquier mandamiento de captura o privación de su libertad o de quererlo efectuar.

En todo caso, las autoridades jurisdiccionales, federales y locales, tendrán la obligación de verificar que se agotó en su contra el procedimiento de declaración de procedencia por el Congreso del estado, tanto por la comisión de delitos federales como locales, expuso la legisladora.

El Congreso local reconoció a Uriel Carmona como titular de la FGE, por lo que deberá continuar ejerciendo dicho cargo hasta su conclusión (en febrero de 2027).

En otro apartado, facultó al presidente de la Mesa Directiva, el panista Francisco Sánchez Zavala, para emprender todas las acciones necesarias para la defensa de la soberanía de la entidad federativa relacionadas con el presente asunto.

Mientras, los seis diputados que votaron en contra, cinco de Morena y una de Redes Sociales Progresistas, señalaron en un pronunciamiento que se debe proceder penalmente contra Uriel Carmona como lo solicita el agente del Ministerio Público de la Federación por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de servicio público.

Reiteraron su rechazo a cualquier acto legislativo tendiente a entorpecer los procesos constitucionales emprendidos por autoridades federales.

El abogado Rosete Flores calificó de lamentable la actuación de la legislatura estatal, porque estaban en cumplimiento de una ejecutoria de una controversia constitucional, la 151/2021, que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el Congreso de la Unión debía resolver sobre el juicio de procedencia en contra de Carmona; por tanto, lo que emitió el Congreso federal no es una opinión o una ocurrencia, sino el cumplimiento de una ejecutoria de una controversia constitucional, remarcó.