La reciente conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y la inminencia del proceso electoral en cuya inercia está inmerso nuestro país ya desde hace meses, nos ofrecen una oportunidad para hacer un breve balance de la agenda de derechos humanos en México. Primero hay que decir que el actual gobierno heredó un problema estructural de larga data que desde el principio se sabía que no iba a ser fácil remediar. Sin embargo, también queda claro, cinco años después, que las dimensiones del tema y las altas expectativas que alrededor de esta agenda levantó López Obrador durante su campaña y al inicio de su gestión, son altamente contrastantes con los precarios avances que puede reportar; pues prevalecen en el balance general el debilitamiento de los equilibrios democráticos, la recurrencia a pautas de acción practicadas por los gobiernos anteriores y el talante regresivo de algunas medidas y estrategias asumidas en derechos humanos.
Pese a la ligera disminución referida con insistencia en la narrativa oficial, no deja de ser evidente que este sexenio es ya el más mortífero en la historia reciente. Con más de 158 mil homicidios contabilizados hasta octubre de 2023, la violencia sigue siendo la principal causa de vulneración de derechos. Hay que añadir los más de 47 mil desaparecidos y no localizados desde diciembre de 2018, cifra que supera a las de los anteriores sexenios y que ha sido objeto de manipulación en los últimos meses por el gobierno en un intento fallido de maquillar la cruda realidad.
Otras violencias extremas persisten y se multiplican, como los feminicidios, que hasta octubre de 2023 se contabilizan en más de 4 mil 500 durante el sexenio, según las cifras oficiales. A la par, 43 periodistas han sido asesinados en relación con el desempeño de su profesión desde el inicio del actual gobierno; 2022, de hecho, fue el año con más asesinatos de periodistas desde 2000. Entre otras violencias, persisten los casos de tortura, perpetradas principalmente por integrantes de las fuerzas armadas y policías; así como los frecuentes y muy preocupantes casos de masacres, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
En materia socioambiental, los grandes proyectos extractivistas, inmobiliarios y de desarrollo turístico siguen depredando la tierra y el territorio de los pueblos, y amenazando la estabilidad de los ecosistemas. La ambivalencia oficial ha permitido avances precarios, como la prohibición del maíz transgénico, pero los programas sociales y las políticas de desarrollo siguen partiendo de una visión de la naturaleza como recurso a explotar. En este contexto, no ha cedido la criminalización de los defensores de la tierra y el territorio, que ha cobrado la vida de tantos, como Higinio Trinidad de la Cruz, defensor ambiental asesinado el 24 de noviembre en Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
Mientras, no han dejado de agravarse otros problemas, como la crisis migratoria, cuya extrema urgencia reclama una atención integral que no se le concede.
No sólo el flujo migratorio por el país se ha diversificado, sino que ahora se ejerce una estrategia de contención migratoria deshumanizante que aumenta el riesgo de las personas en esta condición. El incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez el pasado marzo, donde murieron 40 personas, dejó en evidencia las profundas carencias del sistema que pretende regular la migración, así como el desinterés en salvaguardar las mínimas garantías de dignidad de toda persona que ejerce su derecho al libre tránsito.
Hoy la política migratoria es más prohibicionista; muestra de ello es el involucramiento de la Guardia Nacional en la contención de los flujos migratorios del país. Además, el actuar de la GN en el marco de la actual política migratoria es evidencia más del empoderamiento de las fuerzas armadas que en México cada vez asumen mayores encargos civiles. Así, el prometido enfoque de seguridad ciudadana no ha sido más que un recurso retórico, por encima del cual prevalece la misma apuesta por la militarización del país practicada por los gobiernos de los tres últimos sexenios.
Frente a esta dinámica de violaciones a los derechos humanos, el sistema nacional de protección ha sido, por decir lo menos, deficiente. La labor de las comisiones de víctimas y de búsqueda, así como de la comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, cuya creación fue plausible, ha dejado mucho qué desear, en un marco de tensiones entre el legítimo interés de las víctimas y el obcecado blindaje a la Sedena. Hoy por hoy, los logros alcanzados por dichos mecanismos obedecen a los esfuerzos de la sociedad civil, pese a los obstáculos del gobierno federal.
En suma, ante las evidencias puestas sobre la mesa, el balance muestra que en el país persisten la impunidad, la revictimización y graves carencias en el acceso a la justicia. No se advierte mejoría en indicadores que permitan afirmar que hay un fortalecimiento del estado democrático de derecho. Por el contrario, nuestra institucionalidad parece subsistir con equilibrios cada vez más precarios y con una autonomía bajo el constante asedio de López Obrador, como en los últimos meses ha quedado ilustrado alrededor del tribunal electoral, el INAI o la Suprema Corte. Conforme avanza el tiempo, el desdén hacia las víctimas aumenta por parte de un gobierno que persistió en mantenerse en modo electoral antes que encarar la grave situación de los derechos humanos en el país.
Por encima de cualquier signo partidista y de cualquier estrategia electoral, todo proyecto político digno de contender por un cargo de elección popular, debe poner en el centro la garantía de los derechos humanos, la pacificación del país y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática como principales motivos de interés de nuestro estado de derecho; 75 años después de la proclamación universal de los derechos humanos, la situación en el país y en numerosas regiones del mundo nos recuerda que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas conquistas por defender en tiempos atravesados por vientos retrocesivos.
