La Cámara de Diputados retiró el fuero al infame fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, con lo cual se abre una nueva oportunidad para que sea juzgado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública. Debe recordarse que este personaje perpetró una afrenta contra todas las mujeres y contra el conjunto de la sociedad al obstruir las investigaciones en torno al feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, asesinada en noviembre de 2022. Después de que el cadáver de la joven fuera hallado en el municipio de Tepoztlán, el supuesto procurador de justicia declaró ante los medios que murió por broncoaspiración debido a su estado etílico, pese a todas las evidencias de violencia presentes en su cuerpo y a que existe una grabación donde se ve al hombre convicto por asesinarla arrojándola en la cajuela de un vehículo.

El caso de Ariadna Fernanda dio resonancia nacional a la mala praxis del titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), pero han existido motivos legales para destituirlo y procesarlo judicialmente desde el momento de su nombramiento, el cual nunca debió ocurrir puesto que carecía de los exámenes de confianza requeridos. Desde 2019, se le ha señalado como el principal responsable de impedir cualquier avance en el esclarecimiento del atentado letal contra el activista Samir Flores Soberanes, y también ha bloqueado las pesquisas sobre una de las más atroces violaciones a los derechos humanos en la entidad: los entierros clandestinos de casi 120 cadáveres en Tetelcingo, donde al menos hasta 2014 la entonces procuraduría general de Morelos excavó fosas comunes, en algunos casos sin haber realizado las diligencias debidas para identificarlos, y en otros en evidente comisión de desaparición forzada, pues los cuerpos fueron inhumados sin notificar a las familias, a pesar de conocer su identidad. En marzo de este año, se denunció que personal a su cargo extravió u ocultó el dictamen en el que una perita constataba los tocamientos sexuales padecidos por unaniña de cuatro años a manos de su padre, quien es hijo de Marcelino Soto Camacho, ex subprocurador de investigaciones especiales de la FGE. Por si lo anterior fuera poco, el personaje ha exhibido su carácter despótico y su convicción de encontrarse por encima de las leyes en episodios como el suscitado en agosto de 2021, cuando sus escoltas detuvieron, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que circulaban por la autopista Acapulco-México por la falta de haber rebasado al convoy del fiscal.

Semejantes antecedentes no han detenido el afán del Congreso del estado de Morelos y del Poder Judicial tanto local como federal de protegerlo de todos los intentos de las fiscalías General de la República (FGR) y de la Ciudad de México (FGJCDMX) para procesarlo y llevar justicia a sus víctimas. La Cámara de Diputados morelense llegó al extremo de modificar la ley para mantenerlo en el cargo aun estando preso, así como de despojar al gobernador de su facultad constitucional de designar a un sucesor en la FGE. Hace menos de un mes, los legisladores locales llegaron al extremo de reforzar el nepotismo y premiar a un grupo mafioso al nombrar a la esposa de Carmona, María Luisa Sánchez Osorio, como magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un periodo de 14 años. Su hermana, Martha Sánchez Osorio, ya detenta el mismo cargo. Por su parte, los jueces ordenaron su liberación en cuatro ocasiones, y le permitieron volver a su puesto, desde donde puede destruir o manipular las pruebas desus irregularidades.

Carmona Gándara es el ejemplo más acabado de las simas de podredumbre a las que llegó Morelos bajo el gobierno del perredista Graco Ramírez, quien lo impuso en la FGE para que le cubriera las espaldas. La protección incondicional que le brindan diputados morelenses y togados muestra de manera descarnada las redes de complicidad con que se sostuvo la corrupción en sexenios anteriores, y ofrecen un testimonio contundente de las dificultades con que topan las autoridades federales para sanear las instituciones. Si el Poder Judicial vuelve a erigirse en benefactor de un personaje tan nefando, no hará sino ahondar su propio desprestigio y aportar la enésima comprobación de que urge una reforma constitucional que sacuda sus estructuras anquilosadas y lo convierta por fin en lo que debe ser, un garante de la justicia.