Montevideo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este jueves la ley que crea un órgano controlador de las jubilaciones, a través de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aprobada esta semana por el Congreso pese a fuertes protestas de la oposición y organizaciones de trabajadores y jubilados.

“He promulgado la ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones”, anunció el mandatario en un video difundido por las redes sociales, en el que agradeció el “apoyo valiente” de senadores y diputados a la normativa impulsada por el Ejecutivo.

Peña mencionó que a pesar de tener un mandato constitucional que data del año 1992 y que obliga al Estado paraguayo a controlar y supervisar los fondos previsionales, tal determinación no se ha cumplido.

“Paraguay hoy cumple y se convierte probablemente en uno de los últimos países de América Latina y el mundo de tener un organismo que pueda controlar y supervisar donde se administran los fondos de los trabajadores”, agregó.

El martes, mientras la ley se discutía en el Senado, hubo manifestaciones en las inmediaciones del Congreso y 15 personas fueron detenidas.

De acuerdo con reportes de prensa, la policía reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes, que el miércoles volvieron a salir a las calles en Asunción y varias ciudades del interior.

Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informaron que monitorean las protestas en Paraguay, “en las que se reportaron detenciones, denuncias de violencia contra manifestantes y agresiones a la prensa”.

“El Estado debe garantizar la protesta pacífica y la labor periodística. El uso de la fuerza debe obedecer a principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijeron ambos organismos a través de la red social X.

¿Porqué se oponen los trabajadores?

Los trabajadores y jubilados alertan sobre la falta de debate en la aprobación de la ley, que pretende regular y supervisar los recursos de las ocho entidades de jubilaciones y pensiones públicas y privadas existentes en el país.

Una de las mayores preocupaciones de los manifestantes es que la norma plantea que se permitan inversiones en bonos e instrumentos financieros con esos recursos.

Además de crear el organismo controlador, en la normativa se hace una reforma del sistema previsional, lo que para algunos analistas del país sudamericano puede representar un proceso de privatización al incluir la capitalización individual.

Distintas organizaciones de trabajadores se reunirán el próximo lunes en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad para definir nuevas acciones respecto a este tema.