En México, los defensores y periodistas se enfrentan a un riesgo de agresiones que van desde campañas de desprestigio y amenazas, afirmó Jesús Peña Palacios, representante Adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Indicó que de enero de 2019 a septiembre de 2023 documentaron al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios de comunicación y 91 personas defensoras en general en posible relación con su labor.

Señaló que prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos, y más del 30 por ciento habían presentado formalmente denuncias que, de acuerdo con la información disponible, no fueron adecuadamente consideradas o tramitadas, lo que supone se incumplió las obligaciones en materia de prevención y protección efectiva de quienes habían ya demostrado estar en riesgo.

La ONU-DH presentó el informe: Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que resalta las prácticas que contribuyen a la justicia y aquellas que aportan a la impunidad, e incluye 16 recomendaciones concretas para las 33 fiscalías del país.

El informe es un detallado estudio de nueve casos que analiza las actividades investigativas llevadas a cabo, de acuerdo con la información contenida en sus respectivos expedientes de investigación, tres de ellos con sentencias condenatorias.

Peña Palacios destacó que “en México existe la capacidad en las fiscalías para realizar investigaciones conforme a los principios de debida diligencia de ahí el valor que tiene conocer las buenas prácticas e impulsar medidas, a través de las recomendaciones formuladas, para lograr que siempre se conjuguen los recursos, competencia y voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar”.

Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, señaló la urgencia de revertir los índices de impunidad “a través de un proceso de fortalecimiento de las fiscalías conforme a las recomendaciones del informe”.

Por su lado, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, manifestó el compromiso de continuar generando acciones positivas para el fortalecimiento de las capacidades de investigación especializada en casos de agresiones a periodistas por su labor.

Rachel Brazier, Embajadora Adjunta del Reino Unido en México, recordó que el rol de los defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental en las sociedades democráticas y ofreció desde la Embajada Británica seguir trabajando de la mano para mejorar políticas y respuestas a crímenes en su contra.

“Lamentablemente las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en grupos vulnerables sufren muchas amenazas, enfrenan intimidación, acosos, estigmatización y a veces criminalización. Muchos pueden perder su trabajo o medios e subsistencias y en los casos más graves hasta la vida”.