Moscú. Tras considerarlo culpable de “justificar el terrorismo”, una corte de la ciudad de Syktykvar, capital de la República de Komi, condenó el martes anterior al pensador marxista Boris Kagarlitsky a pagar una multa de 600 mil rublos (equivalente a 114 mil pesos) y le prohibió administrar páginas web durante los siguientes dos años.

La fiscalía había solicitado 5 años y medio de cárcel y Kagarlitsky –tras pasar casi cinco meses en prisión preventiva por un comentario en YouTube– quedó en libertad en la misma sala donde era juzgado, mientras en ocasiones anteriores y por “delitos” similares connotados opositores recibían condenas de más de ocho años de cárcel como sucedió, por mencionar una sola, con Ilia Yashin.

El propio Kagarlitsky, al conocer la sentencia, lo explica así: “Lamentablemente, quien queda debajo de este rodillo (de la represión) en una ciudad pequeña, en una corte local, con policías de allá, tiene un destino más dramático simplemente porque su caso es desconocido y los altos funcionarios federales no tienen conocimiento de éstos”.

En relación con él, dos veces le expusieron en público su caso al presidente Vladimir Putin y, en ambas, dijo no tener ni idea de quién era Kagarlitsky, pero se comprometió a preguntar a la fiscalía general de qué lo acusaban.

A fines de julio anterior, la policía arrestó en Moscú a Kagarlitsky –uno de los politólogos y sociólogos más reconocidos de la izquierda local– y lo trasladó al lugar donde se presentó la denuncia en su contra, cerca del círculo polar ártico, a mil 300 kilómetros de la capital rusa por carretera, por afirmar:

“Desde el punto de vista militar, es comprensible el atentado con bomba en el puente de Kerch (que une Crimea con la región de Krasnodar): va a crear problemas con los suministros. Y no sólo en Crimea”. También lo acusaron de analizar en detalle las consecuencias políticas y económicas de aquel atentado.

En octubre de 2022, el principal testigo de cargo, Leonid Kasnoperov, militante del partido oficialista Rusia Unida y diputado municipal de Ujta, ciudad de Komi, delató a Kagarlitsky por un reportaje que, en su opinión, “elogiaba a los terroristas que cometieron un atentado con explosivos en el puente de Crimea”.

La politóloga Yekaterina Shulman opinó en Telegram: “A Grigori Melkoniants (copresidente de Golos, que se dedicaba a monitorear los comicios) le extendieron tres meses la prisión preventiva para que no salga antes de las elecciones (presidenciales), quién sabe adónde se llevaron a Aleksei Navalny (que sus abogados y colaboradores nada saben de él durante más de una semana). El periodo preelectoral, por un lado, es tiempo de sentencias benevolentes y, por el otro, nadie debe entrometerse para echar a perder la fiesta”.

La última noticia que se tiene de Navalny es su mensaje en redes sociales, difundido a través de sus abogados, el 7 de diciembre pasado, cuando exhortó a acudir a las urnas (del 15 al 17 de marzo, cuando se llevarán a cabo los comicios presidenciales) y votar en favor de cualquier candidato menos el jefe del Kremlin.

Las autoridades penitenciarias guardan silencio sobre Navalny, que incomunicado por completo puede ser trasladado durante semanas, cuando no meses, a una prisión de alta seguridad, donde deberá pasar los 19 años de su actual condena (sin reloj, sin teléfono, sin televisión, sin Internet, sin contacto con otros reclusos, con luz las 24 horas en la pequeña celda, con sólo dos visitas al año para abogados y familiares, entre un extenso catálogo de restricciones).