Ciudad de México. Ante la intención del municipio de Ensenada, Baja California, de imponer un impuesto a los vehículos de carga y contenedores que ingresen al puerto de esa localidad, organismos del sector privado expresaron su rechazo.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación Mexicana de Navieros (Amanac) consideraron que el cobro de 5 dólares por cada contenedor marítimo que sea movilizado por camiones en las calles del municipio a partir del siguiente año representa una sobreregulación.

El organismo que agrupa al sector de transporte de carga comentó “que estas imposiciones no resuelven ningún tipo de problema administrativo, constituyen un elemento negativo para la llegada de nuevas inversiones y provocan que muchas empresas consideren otras opciones para llevar a cabo sus actividades comerciales”.

Anotó que el cobro que estaría contemplado en la Ley de Ingresos 2024, representaría un impuesto extra a la serie de pagos que el sector del autotransporte tiene que asumir a nivel local.

En una carta de Norma Becerra, presidenta de Amanac, dirigida a la diputada local Julia González, indicó que ya se realiza el pago de un impuesto por la importación temporal de contenedores que se actualiza año en términos de lo establecido en la Ley Aduanera.

“En aras de evitar incurrir en doble tributación es que se hace la atenta solicitud de realizar un estudio y análisis sobre el referido tema y su impacto, ya que de lo contrario, se afectaría la economía y desarrollo del sector, máxime que en dicho lugar se encuentra establecido una zona económica y de intercambio comercial”, indicó la dirigente.

Apuntó que no se ha llevado a cabo una consulta entre los sectores involucrados y que operan en el puerto de Ensenada, pese a que es “de suma importancia sus comentarios, observaciones y manifestaciones a fin de evitar posibles afectaciones irreversibles para los sectores involucrados”.

Ambos organismos exhortaron a los legisladores de Baja California a reconsiderar la imposición de esta medida y establecer una mesa de diálogo con los sectores productivos que se verán afectados por este nuevo impuesto.