Ciudad de México. Durante el 2023 de impidió el tráfico ilegal de 7 mil 350 armas de fuego que iban a ser enviadas a nuestro país, afirmó el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, quien aseguró que trabajan con México contra este tráfico ilícito.

“Respetando sus soberanías, nuestros gobiernos trabajan para combatir el tráfico de armas como una responsabilidad común de una forma en la que no se había hecho antes para proteger a nuestras naciones, su seguridad y bienestar”, añadió el diplomático.

Agregó que en los últimos doce meses autoridades de su país iniciaron 655 casos de investigación y concretaron 463 arrestos en territorio estadunidense, de personas involucradas en estos ilícitos

Todo ello gracias al intercambio de información con México por medio de la base de datos eTrace, que permite consultar en internet información sobre las armas involucradas en algún ilícito.

“Compartir los resultados de los rastreos del sistema eTrace con socios estatales y federales, así como protocolos de uso y mejores prácticas de eTrace con la FGR.  Las autoridades mexicanas enviaron casi 12 mil rastreos a la ATF en la primera mitad del año fiscal 2023, y más de un tercio se rastrearon hasta un comprador”, añadió.

Salazar puso como ejemplo de los frutos de esta cooperación el caso de Chandler Britain Bradford, de New Braunfels, acusado por un jurado federal en San Antonio de suministrar las suficientes piezas para armar al menos cuatro mil 800 rifles semiautomáticos sin contar con licencia para exportar dichas piezas de Estados Unidos a México, quien fue arrestado la semana pasada.

Las investigaciones de las autoridades estadunidenses apuntan a que el imputado traficó las piezas, herramientas y asesoramiento necesarios para crear una empresa de fabricación de armas en el norte de México, recibiendo más de 3.5 millones de dólares de su cómplice.  Se le acusa de ocho cargos relacionados con el contrabando de piezas de armas de fuego a México y una conspiración para cometer lavado de dinero. 

El embajador estadunidense afirmó que el compromiso de su gobierno en este esfuerzo se ha reflejado en las reformas legales y judiciales para investigar y procesar eficazmente los casos de tráfico de armas, además de la cooperación con autoridades federales, como la Fiscalía General de la República, pero también con policías estatales y municipales para perseguir este delito, así como el tráfico de drogas, homicidios y lavado de dinero.