Hace 75 años la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consciente del significado del momento, un diplomático latinoamericano que participó en los trabajos preparatorios escribió: “Percibía claramente que participaba en un importante y verdadero momento histórico, en el que se había conseguido un consenso sobre el supremo valor de la persona humana; un valor que no nacía de la decisión de los poderosos, sino más bien era la existencia la que nos daba el inalienable derecho a vivir libres”.
Efectivamente, este consenso internacional constituyó un significativo paso hacia adelante en el proceso civilizatorio de la humanidad entera. Sin embargo, la declaración llega a 75 años en un contexto global y nacional de desafíos y, a menudo, de abierta negación a sus contenidos esenciales.
En el plano mundial, los conflictos bélicos, la persistente desigualdad, el auge de gobiernos que socavan la democracia, el debilitamiento del multilateralismo y la emergencia climática, ponen en duda las promesas de la declaración.
En el plano nacional, pese a los avances en el combate a la pobreza y las mejorías en derechos laborales, México no cierra bien 2023 en cuanto a los derechos humanos. Las desapariciones no cesaron y acontecieron episodios de extremo horror, como el de los muchachos de Lagos de Moreno, mientras creció en algunas regiones el control territorial de las organizaciones macrocriminales y herramientas como el Banco Nacional de Datos Forenses siguen sin funcionar. La impunidad no se remontó y, en vez de transformar a las disfuncionales fiscalías, lo que tenemos hoy es el anuncio de una reforma judicial que, de incluir la elección por voto de integrantes de la SCJN, podría ser sumamente dañina. El poder militar creció, y se anunciaron aún más reformas para entregar legalmente la Guardia Nacional al Ejército. La crisis migratoria no se revirtió, y los eventos de Ciudad Juárez mostraron el impacto de la negligencia en la vida de las personas en movilidad. El encubrimiento no se quebró y perpetradores de violaciones a derechos humanos, desde la guerra sucia hasta Ayotzinapa, se beneficiaron de ello. Las voces críticas siguieron enfrentando descalificación y riesgo, y defensores comunitarios, como Eustacio Alcalá, fueron asesinados en los territorios, además de que no se erradicó el espionaje con Pegasus. Las instituciones no terminaron de renovarse, y servidores públicos que intentaron ejercer sus funciones con honestidad y empatía tuvieron que dejar sus cargos en el gobierno federal, al tiempo que órganos como la CNDH continuaron su retroceso y esquemas de articulación institucional, como el Sistema Nacional de Atención a Víctimas o el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas languidecen en la irrelevancia.
Ante este panorama, puede diluirse el impacto transformador de los avances relevantes en derechos sociales y laborales que se han registrado. Además, crece el riesgo de que se opte por salidas en falso, intentando cambiar la percepción antes que la realidad, con acciones como la polémica revisión del registro de personas desaparecidas o como la presentación de cifras excesivamente optimistas sobre la presunta disminución de la violencia.
Dado que no parece que esta deriva vaya a cambiar en el desenlace del sexenio, el 75 aniversario de la Declaración Universal debe aprovecharse para insistir en la centralidad de los derechos humanos de cara a la elección de 2024, ahora que están construyéndose las plataformas que disputarán la Presidencia. Los extremos deben evitarse. Instrumentalizar políticamente el legítimo sentido de agravio que permea en las víctimas no ayudará a su causa. Tampoco lo hará relegar a segundo plano los temas que más les duelen, por evitar dar foro a los reclamos legítimos de quienes no han encontrado verdad y justicia estos años. Estas serían, también, salidas en falso ante una crisis que demanda soluciones profundas y dialogadas.
El futuro no está decidido y toca insistir para que los derechos humanos no sean soslayados. Siempre ha sido. Si algo enseña el camino abierto en 1948 por la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que se debe luchar permanentemente por su vigencia, que no está dada ni garantizada, ni es patrimonio de un solo partido o de una sola ideología. Nos lo recuerdan las madres buscadoras que en casi todos los estados de la República salen por amor a abrir la tierra para que florezca la verdad y la justicia; las personas que siguen luchando por su libertad en el marco de un sistema de justicia roto, como Keren Ordoñez en Tlaxcala; los pueblos originarios que defienden la casa común y resisten la crisis climática. Sus luchas concretas, al invocar los derechos humanos y resignificarlos, muestran cómo la declaración y sus principios no han caducado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es y será, desde esta perspectiva, un llamado a la esperanza y a la acción. Hoy, en México, ese llamado es indispensable para recordar que la realidad puede cambiar. Si este sexenio quedó a deber en el ámbito de los derechos humanos, la propia historia nos recuerda que el futuro puede ser diferente. Después de todo, quienes en 1948 impulsaron la declaración construyeron luz sobre las oscuras ruinas de un mundo que, apenas unos años antes, había colapsado. En este 75 aniversario y desde la convulsa realidad mexicana, vale la pena evocar desde esta mirada esperanzada la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
*Director del Centro Prodh
