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Gobernadora pide que Ejército y Marina resguarden el sur de Edomex

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Elementos del Ejército Mexicano resguardan desde ayer las calles de Texcaltitlán, estado de México, municipio donde la tarde del viernes ocurrió un enfrentamiento entre lugareños e integrantes de ‘La familia michoacana’. Foto Arturo Callejo
10 de diciembre de 2023 08:29

La gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, solicitó ayer al gobierno federal apoyo para que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina permanezcan en el sur de la entidad a fin de que, junto con la Policía Estatal, se resguarde a los habitantes de esa región para que ya no sean víctimas de grupos criminales como La familia michoacana (FM), luego de lo sucedido en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, donde pobladores, hartos de las extorsiones, enfrentaron a integrantes del grupo criminal con resultado de 14 personas muertas y siete heridas.

Les quiero decir que no están solos y vamos a velar porque en esa región vuelva la paz y la tranquilidad, recalcó en su mensaje por lo acontecido en Texcapilla el viernes.

La mandataria solicitó a la Secretaría de Seguridad Estatal dar atención y seguimiento puntual a los acontecimientos violentos con el fin de garantizar la seguridad a los pobladores de las comunidades de esa región.

A Texcaltitlán y a toda la franja limítrofe del estado de México con Guerrero, donde opera dicho cártel, comandado por los hermanos Jonnhy y Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y La Fresa, respectivamente, se movilizaron más de 600 elementos de la Policía Estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional para blindar la región y evitar una represalia del grupo delictivo contra la población que ayer abatió a 10 de sus integrantes.

Desactivan incursión de grupo criminal

El secretario de Seguridad del estado, Andrés Andrade Téllez, reveló que la noche del viernes, horas después de la reyerta, conocieron que al menos 30 sicarios de la familia se reagrupaban para incursionar en Texcalpilla, pero se desistieron ante la movilización de las fuerzas federales y estatales en la zona.

Explicó que el saldo final del enfrentamiento fue de 14 muertos: 10 presuntos criminales y cuatro vecinos de Texcapilla, entre ellos el delegado de la comunidad, así como siete heridos.

A estos últimos los llevaron al hospital de Texcaltitlán: dos fueron rescatados por un comando la tarde del viernes, y los otros cinco, según la información que tenemos, forman parte de la comunidad y tienen heridas por arma de fuego, agregó.

Andrade Téllez confirmó que antes del enfrentamiento, el C-5 de la Secretaría de Seguridad recibió denuncias de que en el municipio de Villa Guerrero, cercano a Texcaltitlán, había personas armadas, presumiblemente de la FM, que recababan dinero en efectivo de comerciantes y habitantes de varias comunidades. El jueves, policías estatales, con apoyo del Ejército, encontraron dos unidades con un arsenal, el cual fue decomisado. Más tarde se logró la detención de unas personas que recolectaban dinero en Villa Guerrero.

El funcionario reconoció que la extorsión que padecen los pobladores del sur del estado expuso la necesidad de hacer cambios en la estructura de la Policía Estatal, pues se requiere emplear de forma sistemática la inteligencia e investigación.

El fiscal general de justicia mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, explicó que entre los muertos están Rigoberto Sancha Santillán, El Payaso, cabecilla de la FM en Texcaltitlán y dos de sus principales sicarios. Recordó que en junio de 2022, en un operativo para capturarlo, hubo un enfrentamiento en dicho municipio, entre las fuerzas locales contra el grupo delincuencial; 12 pistoleros fueron ultimados; pero no lograron aprehender al líder criminal.

Detalló el fiscal: “Rigoberto Sancha fue el responsable de la emboscada a 13 policías estatales y ministeriales el 21 de marzo de 2021, en el municipio de Coatepec Harinas. También encabezó el ataque a instalaciones de la fiscalía en Sultepec, en mayo de 2022.

 
 
 
 
 

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Sin embargo, el juez Ciro Carrera negó la suspensión provisional, pues argumentó que de conceder la medida "podría verse afectado el bienestar del orden social".
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